Por: Thelma Mejía
Tegucigalpa.- Los asesinatos de mujeres de nuevo copan los espacios de los medios de comunicación en lo que va del año.
Las cifras oficiales contabilizan cerca de 70 feminicidios en el primer trimestre de 2018. La impunidad de sus crímenes sigue siendo el denominador común, al igual que la indiferencia ciudadana que comienza a ver este tipo de violencia como normal en un país lleno de inseguridades.
Inseguridades que llevaron a un equipo de investigadores académicos a escudriñar un poco más allá de la violencia en sectores considerados vulnerables como la comunidad LGTBI y las mujeres. Los hallazgos de su trabajo muestran un mundo que aún no logra despertar el interés mediático bajo otras miradas que no sea la tradicional de la cobertura roja. Interés que tampoco es manifiesto en las investigaciones de las autoridades gubernamentales y estatales, desbordadas por las diversas manifestaciones de la violencia.
Este equipo de investigadores lo conformaron la socióloga nicaragüense, Elvira Cuadra y el periodista e investigador mexicano, Miguel Ángel López, liderados por el investigador en temas de Seguridad y director de la organización Expediente Abierto, Javier Meléndez, también de nacionalidad nicaragüense.
En el tema de los entornos de violencia en mujeres, Elvira Cuadra no se centró en las muertes violentas de mujeres, quiso abordar otros entornos como el de las maquilas y las historias de las mujeres que viven en zonas de riesgo controladas por las maras o pandillas. Las historias de estas mujeres evidencian no solo su impotencia, sino las dificultades del entorno en donde sobrevivir cada día, es ya una odisea.
La otra violencia que viven las mujeres que trabajan en las maquilas en la zona norte, no está relacionada necesariamente con la conflictividad laboral, la investigación revela sus inseguridades al salir de su vivienda y lo que puede suceder en el trayecto a su trabajo o viceversa. Abundantes fueron los relatos de abuso sexual que obligan a las obreras a acompañarse en grupo hasta donde la ruta les permite.
Sus agresores por lo general son gente conocida, personas del entorno, pero el trauma del abuso, la impunidad de los casos, el estigma y el temor a la denuncia juegan en su contra a la hora de contar su caso para ser investigado. En Choloma, por ejemplo, la policía de la zona recogió en los últimos dos años apenas una denuncia, cuando las violaciones son casi parte de la rutina.
Pero no solo las obreras de la maquila enfrentan estos riesgos en aras de llevar qué comer a sus familias, la historia de las mujeres que viven en zonas controladas por maras o pandillas parece sacada de las series policíacas de la televisión. Son igual de dolorosas y aquí el silencio es sinónimo de vida.
Si un líder de mara o pandilla le echó el ojo a una joven, sus padres deben preocuparse y ésta aún más. Unas, relata la investigación de Expediente Abierto, son conscientes de los riesgos de las maras y quieren correrlo, pero otras son obligadas, ultrajadas y forzadas a compartir sexo con varios líderes, en presencia de su pareja, como muestra de “lealtad” a la organización.
Y quienes quieren protegerlas corren el riesgo de morir en el intento o de tener que iniciar un éxodo fuera de su colonia y a veces hasta del país. Se vuelven migrantes y se vuelven personas forzadas a desplazarse internamente o agarrar la ruta migratoria con el dolor de dejar atrás una familia que no sabe si un día la volverá a ver. Estas tragedias se dan a diario en el país, son las historias ocultas que la violencia nos impide ver, abordar y diseñar estrategias de intervención y prevención no paliativas, sino de largo aliento.
Son historias que están no solo en la zona norte de Honduras, están aquí en la capital, en colonias o barrios en donde la autoridad no entra porque sabe que corre el riesgo de no salir. Los esfuerzos gubernamentales y estatales como señala la socióloga Cuadra, siguen siendo incipientes pero por algo se debe comenzar. La apuesta debe ser a la prevención.
Si esas inseguridades y sus entornos afectan a las mujeres, la historia de los integrantes de la comunidad LGTBI es casi de indefensión total, donde la peor parte la están llevando las chicas Trans en su lucha por ser aceptadas con la identidad de género que han asumido. Sus batallas legales, de acceso a salud y acceso a la educación, entre otros, son retos descomunales a enfrentar.
En su trabajo Miguel Ángel López hace una especie de diagnóstico situacional desde la experiencia de quienes conforman la comunidad LGTBI, lo que hay en materia jurídica en el país y la impunidad de los casos vinculados a los crímenes de odio que en su mayoría son objeto.
Cómo abordar el tema de la comunidad LGTBI sin caer en el morbo, sin caer en el estigma y sin desconocer sus derechos, son algunos de los desafíos que el trabajo de López plasma en los hallazgos de su trabajo. López señala que el tema de la comunidad LGTBI llegó para ser parte de la agenda pública en el país, más allá del conservadurismo que rodea a los hondureños.
Su vulnerabilidad, al igual que las mujeres, está marcada por los entornos de la violencia que les rodea. Y así como ni una mujer más debe ser asesinada en el país, ni un miembro más de la comunidad LGTBI tampoco merece una muerte por sus preferencias sexuales. Expediente Abierto, desde otra mirada, intenta colocar en la plataforma pública estos fenómenos de violencia para que la indiferencia no se vuelva sinónimo de tolerancia a la impunidad.