Analizando las luces y sombras dela justicia penal en Nicaragua: pasos hacia la reforma.
El presente trabajo establece los hitos en las reformas penales ocurridos en Nicaragua a partir del año 2000. Estas reformas son señaladas desde el rango constitucional en cuanto a procesos de designación los funcionarios de las instituciones que dirigen el sistema de justicia penal.
Se analiza una primera ola reformas innovadoras del sistema de justicia penal nicaragüense, que representaron luces y sombras en términos de garantías judiciales. Entre otros hitos, se crearon nuevas instituciones en el sistema de administración de justicia, como el Ministerio Público, que contribuyó a mejorar los procedimientos en los actos de investigación, hasta la criminalización de las causas.
Luego se describe una segunda ola de contrareformas que se agudizaron en el contexto sociopolítico de las protestas del 2018. Con ellas se realizaron reformas judiciales, con leyes secundarias y leyes “especiales” que retrocedieron significativamente el sistema de justicia y facilitaron la violación de una serie de garantías constitucionales y procesales.
En este sentido, la crisis de 2018 significó el reforzamiento de las arbitrariedades, así como el proceso de formación de un compendio de leyes de carácter penal represivas para todos los ciudadanos que representan una forma de oposición política, convirtiendo al derecho penal en una herramienta de la persecución partidaria.
Los hitos en el sistema de justicia identificados tienen como consecuencia la necesidad de dotar de contenido a una Hoja de Ruta para promover y avanzar en acciones en eventuales procesos transicionales. Este documento orientativo presenta propuestas que pueden ser el punto de partida para generar procesos de análisis y discusión al respecto, al tiempo que profundiza las recomendaciones señaladas por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes en 2018. Parte del desafío que debe enfrentar un proceso de transición democrática es abordar las herramientas de justicia penal para la rendición de cuentas, concordantes con los estándares internacionales de derechos humanos e independencia judicial.