Por Carlos Barrachina Lisón, PhD

México y Centroamérica viven una crisis de inseguridad y violencia sin precedentes, provocado por las actividades del crimen organizado. En esta crisis está implicada, de una u otra forma, toda América Latina y el Caribe; y por supuesto, también los Estados Unidos y Canadá. Las naciones no han sabido reaccionar, ni encontrar políticas exitosas que hayan permitido gestionar de una forma más o menos eficiente, no sólo la presencia del crimen organizado, sino las muertes violentas que se derivan de la lucha entre grupos rivales por la lucha por el territorio, sea éste utilizado para el tránsito de drogas y migrantes; o para consumo en los principales puntos del hemisferio.

En el caso de México a principios de los años noventa del siglo pasado, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) había un aproximado de 14,500 muertos por homicidios. Esa cifra se llegó a moderar principios del siglo XXI, alcanzando un mínimo de 8,800 asesinatos en el año 2007.

A partir del 2011 y de la política de enfrentamiento armado en contra de los grupos del crimen organizado, este número ha seguido aumentando de forma constante. Los muertos han alcanzado una cifra récord en los últimos años, superando la barrera de los 35,000 homicidios anuales. A ello hay que agregarle, para tener una visión más completa, los más de 250,000 desaparecidos que reporta la Comisión Nacional de Búsqueda a principios del año 2023.

Las tasas de los asesinatos calculadas por 100.000 habitantes, se vuelven especialmente preocupantes, cuando nos fijamos en la escala local, especialmente en municipios menores a 500,000 habitantes, en los que encontramos a buena parte de las ciudades más violentas del mundo.

Entre las ciudades mexicanas con más de 500.000 habitantes, según la cifra de homicidios, restada al número de fallecidos en accidentes de tránsito, que publica el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP),  identificamos en 2021 a Tijuana con una tasa de 92.3 por 100.000, a Ciudad Juárez (80.6), Celaya (78.8), Cancún (63.7) o Acapulco (58.8), de los estados de Baja California, Chihuahua, Guanajuato, Quintana Roo y Guerrero.

Entre las ciudades menores a esa cifra de habitantes identificamos a Tulum (244.7), Fresnillo (182.1) Cajeme (136.5), Manzanillo (1006.7), Zacatecas (100.93), Playa del Carmen (84.8), Uruapan (76.2) y Salamanca (62.5), de los Estados de Quintana Roo, Zacatecas, Sonora, Colima, Michoacán y Guanajuato. Por otra parte, existen serias dudas sobre las estadísticas que se reflejan en entidades federativas como Veracruz y Tamaulipas, en las que las cifras de homicidios son extrañamente bajas, en relación a otras entidades federativas, en las que se presume una importante presencia del crimen organizado.

En el año 2022 la tendencia es muy similar, con una ligera tendencia a la baja, siendo los estados con tasas más elevadas Colima (100.9), Baja California y Quintana Roo (65), Zacatecas (64), Morelos (53.6), Sonora (49.1), Guanajuato, Michoacán y Chihuahua (46).

México ha reaccionado tarde y con problemas a la crisis de inseguridad. A nivel federal se creó una Secretaría de Seguridad Pública en el año 2000, que en el 2013 pasó a denominarse Comisión Nacional de Seguridad y que en el 2019 se renombró Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. En relación a las fuerzas federales en 1999 se creó la Policía Federal Preventiva, en el 2009 la Policía Federal y en el 2019 la Guardia Nacional. Las dos primeras tuvieron un máximo de 40,000 elementos en sus fuerzas, mientras que la última ya supera los 110,000 integrantes.

Se han Impulsado medidas contradictorias, que no se han permitido consolidar, identificando inicialmente la importancia crucial de las policías municipales y estatales, e invirtiendo una cuantiosa cantidad de recursos en la modernización de las mismas. Desde el año 2008 al 2015 México destinó a seguridad, según datos propios publicados en el año 2016, un mínimo de 137 mil 600 millones de dólares. Se buscaba en ese entonces fortalecer a las policías municipales que pudieran ser sostenibles, capacitando a sus elementos y generando pautas de carrera profesional, y abandonando a su suerte a las policías municipales menores, que deberían ser integradas en policías estatales acreditadas y certificadas. Desde el año 1997, pero especialmente a partir del 2008 se crearon diferentes fondos y subsidios federales, para hacer frente a este reto; lo que se sumó a los esfuerzos que tanto las entidades federativas, como los municipios desarrollaron en orden a lograr este fin.

Esta política resultó un completo y rotundo fracaso.  La cantidad de recursos destinados a fortalecer las policías municipales y estatales no logró que se generaran policías más profesionales, y hubo acusaciones muy serias de desvío de recursos y de falta de transparencia. A día de hoy México no cuenta con policías municipales y estatales confiables y profesionales; excepto unas pocas excepciones, que también tienen grandes problemas de corrupción e ineficiente gestión en algunas de las ciudades más importantes del país.

La presencia de las fuerzas armadas en esta etapa de la gestión de la seguridad pública en México fue muy importante, con la presencia de militares en activo, o en situación de retiro, al frente de buena parte de corporaciones del país, especialmente hasta el año 2013.

A partir de este año, se dieron cuenta de que era muy complicada la reforma de las policías locales, y empezaron una política de retirada formal, y de abandono de los procesos de reforma policial (también salieron paulatinamente los militares de las posiciones de jefes de policía, excepto en lugares muy violentos o estratégicos).

El colapso del Subsidio de Policía Acreditable en el año 2015, que estaba dirigido a fortalecer las policías estatales y a sus procesos de acreditación; y una nueva política que estaba basada en la “prevención social del delito”, marcaron una política ineficiente del Presidente Peña Nieta, que auxiliado por el Secretario de la Defensa Nacional, General Salvador Cienfuegos acabaría impulsando la creación de Brigadas de Policías Militares en las regiones militares del país, para que el ejército, a través de convenios con los gobernadores, asegurara el apoyo en las entidades federativas, en contra del crimen organizado.

El siguiente paso fue la solicitud sobre la aprobación de una Ley de Seguridad Interior, que utilizando un arcaico concepto constitucional, trataba de brindar protección a los militares frente a los errores que pudieran cometer en sus actividades de lucha en contra del crimen organizado. Aprobada en el año 2017, rápidamente fue declarada contraria a la Constitución por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

La estrategia iniciada en la administración de Andrés Manuel López Obrador, que inicia en el año 2019, no sólo no abandona la mano de las Fuerzas Armadas, sino que la acerca todavía más, ante el reconocimiento de la dificultad de reforma de las policías locales y la creación de la Guardia Nacional en el mes de marzo del año 2019.

Dirigida inicialmente por el general de División Luis Rodríguez Bucio (2019-2023), que recientemente ha sido nombrado subsecretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, la Guardia Nacional está actualmente al mando del general de División David Córdoba Campos (los dos se retiraron del ejército al asumir esta responsabilidad). La Guardia Nacional se integró por antiguos elementos de la Policía Federal, del Ejército y de la Marina; y en estos momentos está a punto de incorporar a la primera generación de oficiales de la Guardia Nacional, salidos de la licenciatura de Seguridad Pública impartida en el Heroico Colegio Militar.

El presidente de México ha declarado en diferentes ocasiones que la Guardia Nacional va a integrarse como un cuerpo militar más, abandonando la adscripción administrativa con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Para ello el 21 de febrero del 2022 se creó el Estado Mayor Conjunto de la Defensa Nacional, y el 18 de noviembre del 2022 se reformó la Ley de la Guardia Nacional, ampliando hasta el 2028 la presencia de las Fuerzas Armadas en las calles, hasta que este cuerpo de seguridad militarizado se encuentre maduro y fortalecido. Todo ello permite prever que antes de que concluya la presente administración, la Guardia Nacional se incorpore de forma plena a las Fuerzas Armadas, y que éstas desarrollen en los próximos años formalmente la tarea de la gestión de la seguridad pública en México.