El Tribunal de Apelaciones de Managua decretó, el 9 de febrero de 2023, la deportación inmediata hacia Estados Unidos de 222 presos políticos nicaragüenses, víctimas, todos, de la represión ejercida por el régimen de Ortega-Murillo entre 2018 y 2021. Un día después del destierro, el Gobierno declaró a estas personas “traidoras a la patria”, privándolas de su nacionalidad y confiscando todos sus bienes. Ambos derechos también fueron restringidos, el 15 de febrero del mismo año, a otras 94 personas que ya se encontraban en el exterior ​(Consejo de Derechos Humanos, 2023; La Prensa, 2024)​. Se trató, pues, de un caso único de expulsión masiva en la región, equiparable a las prácticas de exilio forzado “cometidas por la Unión Soviética y la Alemania nazi” ​(Villegas, 2023)​. 

Además de las dificultades del exilio, como el desarraigo social, las diferencias culturales, el desempleo y falta de acceso a servicios públicos, los 222 desterrados por el régimen de Ortega-Murillo enfrentan otras complicaciones relacionadas con la persecución de un gobierno autoritario. Estas tienen que ver con los estragos a su salud física y mental que provocaron la represión y el encarcelamiento, la angustia por la situación de los familiares que se quedaron en Nicaragua, la circunstancia de desposesión total tras las violaciones a los derechos civiles y políticos ejercidas por el Estado, así como la posibilidad de enfrentarse, esta vez, a la represión trasnacional.  

Este reporte diagnóstico, enfocado en los 222 a un año del exilio, sugiere que, si bien los mecanismos de incidencia política desarrollados inicialmente por estos actores han sido modificados –o bien, abandonados, por las razones obvias del destierro, sus perspectivas sobre temas como la transición democrática en Nicaragua o el acceso a la justicia para las víctimas de la represión estatal siguen, en lo esencial, intactas. Esto sucede incluso entre aquellos que decidieron tomar una pausa de sus actividades políticas para concentrarse en su recuperación física y emocional o en la reunificación de sus familias.  

En este sentido, el Programa de Becas para la Democracia en Nicaragua de Expediente Abierto surge como una propuesta para atender las condiciones de vulnerabilidad socioeconómica y emocional de un grupo selecto de los 222 desterrados. Al mismo tiempo, fue pensado como una oportunidad para la articulación de esfuerzos prodemocráticos desde el exilio, al reconocer la importancia de las opiniones, experiencias y trayectorias inherentes a este sector de la diáspora nicaragüense. 

De acuerdo con nuestra indagación, este Programa ha sido evaluado positivamente por los becarios en al menos tres sentidos: i) como una oportunidad para tener un ingreso temporal fijo, ii) como una forma de mejoramiento emocional; y, aunado a lo anterior, iii) como un medio para retomar las actividades de incidencia política que habían abandonado tras el encarcelamiento y el exilio, apoyando al mismo tiempo a la democratización de Nicaragua desde el terreno mediático e internacional.