Investigación realizada por Alonso E. Illueca y
Alfredo Castillero Hoyos
Resumen Ejecutivo
Cambio diplomático y llegada de capitales corrosivos
En 2017, Panamá estableció relaciones diplomáticas con la República Popular China (RPC), y rompió sus lazos con Taiwán. Este cambio marcó un incremento significativo de sus inversiones en Panamá, facilitando la entrada de «capitales corrosivos», es decir inversiones caracterizadas por la falta de transparencia, rendición de cuentas y competencia de mercado, normalmente auspiciadas desde regímenes autoritarios.
Los capitales corrosivos de la RPC en Panamá explotan las debilidades de la joven democracia centroamericana y toman ventaja de sus instituciones relativamente débiles, regulaciones insuficientes, bajos índices de control de la corrupción, y debilidad de la sociedad civil local. La combinación de estos factores, como sucede en otros países, permite que los capitales corrosivos de la RPC penetren fácilmente.
Gran parte de la inversión de la República Popular China (RPC) en Panamá puede clasificarse como capital corrosivo. Muchas de las empresas, aunque etiquetadas como «privadas,» están en realidad subordinadas al control del Partido Comunista Chino (PCCh), lo que las convierte en un canal ideal para que el gobierno chino utilice estas estructuras como herramientas para promover su influencia política y económica en el país. Este fenómeno evidencia una explotación de la debilidad institucional panameña. Aunque la Constitución prohíbe el control extranjero directo sobre el territorio nacional (exceptuando las embajadas), dicha normativa no se aplica de manera rigurosa y presenta importantes vacíos legales. Estas lagunas han permitido que empresas vinculadas al PCCh adquieran un control significativo sobre proyectos estratégicos.
Mecanismos e impactos de la inversión china en Panamá
La existencia de inversiones corrosivas de China en Panamá se manifiesta en cinco formas: inversión extranjera directa, compras públicas, asistencia para el desarrollo, préstamos comerciales e inversiones de portafolio. Todas estas inversiones comparten patrones de opacidad, corrupción y prácticas contrarias a la libre competencia y se han manifestado, principalmente en proyectos de infraestructura.
Por ejemplo, la transición diplomática panameña de Taiwán hacia la República Popular China (RPC) en 2017 estuvo rodeada de controversias. Entre las acusaciones más destacadas se encuentra un supuesto soborno de $142 millones al expresidente Juan Carlos Varela para facilitar el establecimiento de relaciones con China. Aunque algunos lo han defendido como «cooperación económica no reembolsable», el caso ilustra cómo la RPC emplea continuamente modalidades de asistencia para introducir capital de naturaleza corrosiva en el país.
Los cuarenta y siete acuerdos firmados entre ambos Panamá y China durante el establecimiento de relaciones incluyeron la formalización de relaciones diplomáticas, la supresión de visas diplomáticas, mecanismos de consultas políticas, y la cooperación cultural y educativa. También abarcaron cooperación estratégica, económica y técnica en inversión, comercio, transporte, agricultura y la incorporación de Panamá a la Franja y la Ruta. Además, se acordaron estudios para un tratado de libre comercio y un proyecto ferroviario, junto con pactos sobre transporte aéreo, marítimo, turismo y un acuerdo de extradición. Sin embargo, la falta de información clara todos estos acuerdos y el manejo de los fondos sobre sus implicaciones varios generó preocupaciones en torno a su uso para que la RPC influyera políticamente en el país.
En efecto, tras el establecimiento de relaciones, varias compañías han protagonizado proyectos controversiales, que pueden categorizarse bajo el concepto de capitales corrosivos procedentes de la RPC permeando el país:
- Hutchison Ports PPC: Operadora de los puertos de Balboa y Cristóbal, su renovación de concesión en 2021 fue cuestionada por falta de transparencia. La empresa también enfrenta críticas por bloquear la libre competencia en el mercado portuario.
- China State Construction Engineering Ltd (CSCE): Encargada de concluir el centro de convenciones de Amador, esta empresa fue seleccionada a pesar de haber sido sancionada por el Banco Mundial por prácticas colusorias.
- China Harbour Engineering Company Ltd (CHEC): Responsable del puerto de cruceros de Amador, el proyecto acumuló sobrecostos y retrasos significativos. CHEC también ha estado vinculada a prácticas corruptas en otros países.
- Landbridge Group: La cancelación de su concesión para desarrollar el proyecto de Isla Margarita por incumplimientos contractuales destaca los riesgos de su involucramiento.
- Sinolam Smarter Energy: Su proyecto de generación térmica enfrentó retrasos, aumento en costos energéticos y preocupaciones por su relación con la inflación y la crisis social.
- China Communications Construction Company Ltd (CCCC): A pesar de ser sancionada por EE.UU., lidera el proyecto del Cuarto Puente sobre el Canal de Panamá, el cual ha generado dudas sobre irregularidades en su licitación.
Riesgos para la soberanía y recomendaciones para Panamá
Como se puede observar en estas inversiones, muchas de ellas situadas en las cercanías del Canal de Panamá. La concentración de estos capitales en torno a la ruta comercial crítica sugiere que existe especial interés estratégico de China en ella. Empresas como Hutchison Ports y CHEC, junto con el interés de la RPC en adquirir el ferrocarril transístmico y desarrollar el tren Panamá-David, o construir la embajada de China en la rivera del canal, entre otros proyectos, evidencian una estrategia clara para ejercer influencia en esta zona crítica de comercio global.
La debilidad institucional de Panamá facilita la penetración de estos capitales y compromete su soberanía y estabilidad democrática. Si bien existen disposiciones legales para contrarrestar estas prácticas, la falta de voluntad política de las autoridades locales y el interés en incrementar la inversión china dificultan su aplicación.
La posibilidad de un Tratado de Libre Comercio con China podría agravar esta situación, y permitiría un flujo más intenso de capitales corrosivos. Para evitarlo, Panamá debe priorizar la diversificación de sus cadenas de suministro, mejorar la transparencia y fortalecer sus instituciones democráticas.