Por equipo de investigación de Expediente Abierto.
La subregión centroamericana, CA-4, compuesta por Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua, ha tratado de unificar sus políticas públicas con el afán de crear una integración centroamericana que, hasta cierto punto, ha funcionado. Es un área de cerca de 371,514 km2, con 30 millones de habitantes, aproximadamente.
Con excepción de Nicaragua, donde se ha instalado, desde 2007, un régimen crecientemente autoritario, se trata de una región que ha sido característicamente conocida por sus altas tasas de criminalidad e inseguridad. Estas condiciones de violencia subsisten, a pesar de los abundantes recursos que se han dirigido a las políticas públicas para la seguridad ciudadana y defensa nacional.
Entre 2018 y 2022, los Gobiernos de estos países gastaron un total de 17,431.58 millones de dólares para las políticas públicas de seguridad ciudadana. El país que más recursos ha dirigido fue Guatemala, con 6,747 millones de dólares, seguido por El Salvador con 6,587 millones de dólares. Por su parte, Honduras y Nicaragua dirigieron unos 2,771 y 1,325 millones de dólares, respectivamente. Para 2023, los Gobiernos de estos países destinarían al sector el 2.06 %, el 4.43 %, el 2.20 % y el 1.66 % del Producto Interno Bruto de cada país, respectivamente.
En el mismo período, las políticas de defensa nacional tuvieron recursos equivalentes a 4,692 millones de dólares en la región. El país que más recursos dirigió fue Honduras con 1,989 millones; le siguió Guatemala con 1,165 millones; luego El Salvador con 1,123 millones y Nicaragua con 413 millones.
Los niveles de información respecto a los gastos de los sectores de defensa y seguridad ciudadana varían en cada país. El que más brinda información presupuestaria es Guatemala, pues sus niveles de acceso son exhaustivos debido a la política de transparencia que ha mantenido en los últimos años. Asimismo, Honduras tiene un sistema que permite conocer en detalle el uso de los recursos públicos. Mientras tanto, El Salvador y Nicaragua publican niveles de información similares, salvo que El Salvador posee una política de acceso que facilita el uso de los datos. El único problema con El Salvador es que ha estado publicando a destiempo los datos del presupuesto aprobado y no posee una clasificación del gasto funcional como lo recomiendan las buenas prácticas internacionales de transparencia. Nicaragua es el país que menos información brinda sobre el sector defensa, pues los niveles de detalle que publican son muy escuetos. Para el sector seguridad ciudadana hay un poco más de información; sin embargo, es muy resumida y general a diferencia de sus pares centroamericanos.
Los hallazgos están en sintonía con las calificaciones de estos países en examinaciones internacionales recientes sobre la apertura y transparencia de presupuestos públicos alrededor del mundo. De acuerdo con el Open Budget Survey (2021), El Salvador y Nicaragua han sido catalogados como gobiernos que publican información limitada; mientras que Honduras y Guatemala presentan información sustancial.