- Expediente Abierto, Fundación del Río y la Campaña Patrullaje presentan informe ante la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos.
- Informe presenta pruebas de la minería y ganadería ilegal en territorios indígenas, además de graves violaciones a derechos laborales vinculadas a la represión política en Nicaragua.
El centro de pensamiento Expediente Abierto junto a Fundación del Río y la Campaña Patrullaje presentaron un informe ante la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR), revelando violaciones sistemáticas de derechos humanos por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo en Nicaragua. El informe detalla el impacto de actividades mineras y ganaderas ilegales en territorios indígenas y afrodescendientes, así como la represión contra los derechos laborales en el país centroamericano.
En la audiencia de la investigación que realiza la USTR sobre las violaciones del régimen Ortega-Murillo, este 16 de enero de 2024, Julio Martínez, director de Programas de Expediente Abierto, expuso los hallazgos de la investigación “Violaciones de Derechos Humanos en Nicaragua y su impacto en el Comercio Internacional: Enfoque en las Industrias Minera y de Carne, y en los Derechos Laborales a Nivel Nacional”.
La investigación de la Oficina del Representante Comercial de los Estados Unidos (USTR, por sus siglas en inglés), tiene el objetivo de examinar “si los actos, políticas y prácticas de Nicaragua relacionadas con los derechos laborales, los derechos humanos y el estado de derecho, son injustos o discriminatorios, y si afecta o restringen el comercio de los Estados Unidos”, según indican en su sitio web.
La USTR se ampara en la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974, que permite al presidente estadounidense tomar medidas contra prácticas injustas de gobiernos extranjeros que afecten el comercio de Estados Unidos.
Comunidades indígenas pagan el precio de la minería ilegal
En su testimonio, Martínez, de Expediente Abierto, expuso que más del 32% de las exportaciones de oro de Nicaragua provienen de la minería ilegal. Esto se refuerza con datos de Fundación del Río, que ha documento, desde 2016, la existencia de más de 100 molinos y al menos tres sitios de minería ilegal en la Reserva Indio Maíz, un área de alto valor ecológico y cultural.
El régimen de Ortega-Murillo ha otorgado 141 concesiones mineras para la extracción de oro y plata en territorios indígenas y afrodescendientes. “Para generar estas exportaciones, las comunidades indígenas y afrodescendientes están siendo desplazadas sin procesos de Consentimiento libre, previo e informado, como exigen las normas internacionales”, señaló Martínez.
Se sostuvo “que se están sacrificando los derechos humanos de las personas más vulnerables del país en beneficio de entidades del sector minero alineadas” con el régimen nicaragüense.
Al respecto Amaru Ruiz, de Fundación del Río, declaró que “el mayor comprador de oro y carne es Estados Unidos y eso tiene relevancia porque el oro que se está extrayendo viene de concesiones que están dentro de áreas protegidas y territorios indígenas”.
Ganado el negocio detrás de la pérdida de bosques
El informe de Expediente Abierto, Fundación del Río y la Campaña Patrullaje también documenta la ganadería ilegal como la principal causa de la deforestación en las resevas Indio Maíz y Bosawás. Este ganado luego es exportado a mercados internacionales.
Entre 2011 y 2016, Indio Maíz perdió 3,540 hectáreas de bosque. Esta cifra aumentó drásticamente a 13,841 hectáreas entre 2018 y 2023. Mientras, el territorio Mayangna Sauni Bas, pasó de perder 2,784 hectáreas durante el período 2012-2016, a 6,035 hectáreas en el período 2017-2021.
“La ganadería ilegal (en Nicaragua) que produce carne para mercados internacionales es el principal motor (de la pérdida de bosques), especialmente en áreas protegidas y territorios indígenas”, afirmó Martínez en su testimonio ante el USTR.
Por su parte, Amaru Ruiz señaló que el negocio de la carne “representa una entrada de divisas importante para el régimen Ortega – Murillo”, que “tiene negocios y sociedades con personalidades que invierten en eso”.
Lo que se busca, indicó, es que se identifique “cuál es la trazabilidad que se puede llevar a cabo para que no llegue (a los Estados Unidos) oro o carne extraído de la Reserva Indio Maíz”.
Cierre de sindicatos y despidos masivos
Durante la audiencia en la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos también se abordó cómo la falta de acceso a la justicia y la complicidad de las autoridades permiten que estas violaciones permanezcan impunes.
Entre 2018 y 2022, el régimen canceló 3,390 organizaciones de la sociedad civil, el 47% de todas las existentes en Nicaragua. Según datos presentados en el informe, 562 de estas organizaciones fueron sindicatos.
Al respecto, Amaru Ruiz declaró que “no hay sindicatos independientes en el país” y los que quedan “están siendo presionados igualmente y se basan en lo que diga el dictador”.
En Nicaragua “no hay libertad sindical ni una institución que defienda los derechos del trabajador frente al estado y frente a las empresas”, sentenció.
Sumado a lo anterior, desde el 28 de septiembre de 2018, la Policía del régimen de Ortega –Murillo ilegalizó las manifestaciones públicas.
Además, datos de Humans Rights Watch sostienen que más de 405 médicos o trabajadores de la salud fueron despedidos desde 2018 por razones políticas, ya sea por atender a manifestantes de la oposición, informar sobre el Covid-19 o negarse a unirse al Frente Sandinista de Liberación Nacional.
En su testimonio, Martínez instó a los actores internacionales a garantizar que sus operaciones comerciales no contribuyan a la destrucción ambiental ni al enriquecimiento de aliados del régimen Ortega-Murillo.
Puede leer el resumen ejecutivo del informe “Violaciones de Derechos Humanos en Nicaragua y su impacto en el Comercio Internacional: Enfoque en las Industrias Minera y de Carne, y en los Derechos Laborales a Nivel Nacional”, en el siguiente enlace: https://bit.ly/4anD4Um (versión en español) y https://bit.ly/4g23vQC (versión en inglés)