El presente estudio, elaborado por el investigador y escritor hondureño Ariel Torres Funes, realiza un análisis de la posible instalación de la Comisión, en el cual se examina y reconstruye cronológicamente los hechos del proceso, presentando las posiciones más relevantes, con el objetivo de identificar los propósitos de sus actores.

En primera instancia, el informe evidencia que, de acuerdo con organizaciones internacionales especialistas en materia de transparencia y estado de derecho, en los primeros dos años del Gobierno de Xiomara Castro (2022), Honduras no progresó considerablemente en el combate contra la corrupción y la impunidad, por lo que se mantiene la necesidad imperante del apoyo de una comisión internacional anticorrupción.

Con un Gobierno señalado por un alto nivel de concentración de poder, nepotismo, favoritismo y politización partidaria en la selección de los cargos públicos, especialmente en el sistema de justicia, los esfuerzos para fortalecer el estado de derecho y garantizar la separación de los poderes constitucionales, se mantienen sin avances en el Estado hondureño.

Cabe mencionar que, frente a los cuestionamientos por sus políticas anticorrupción, el Gobierno se muestra intolerante y evade las causas de su falta de transparencia. Incluso, ha boicoteado e intimidado de manera autoritaria algunas manifestaciones sociales que han pretendido exigir la pronta instalación de la Comisión, manteniendo al margen a la ciudadanía durante todo el proceso.

Precedentes centroamericanos advierten la necesidad de fortalecer el mecanismo

En sus demandas para instalar la CICIH, la sociedad hondureña parte del principio que, a pesar del discurso del Gobierno, el país sigue siendo incapaz de enfrentar la corrupción sin el apoyo internacional y tiene como referencia las experiencias de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), de la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH) y en menor medida, lo realizado por la Comisión Internacional Contra la Impunidad en El Salvador (CICIES).

Al igual que la ciudadanía, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) aprendió las lecciones de los mecanismos internacionales desmantelados en Guatemala, Honduras y El Salvador, que, en distintos niveles enfrentaron la corrupción y la impunidad en estos países, por lo que busca más garantías con la CICIH. En su retórica, el Gobierno argumenta que tampoco pretende repetir las debilidades de estos mecanismos.

Al analizar los hechos más relevantes del proceso, se concluye que el retraso en la instalación de la CICIH se debe, en parte, a los procedimientos de la ONU, considerados más burocráticos que los de la Organización de Estados Americanos (OEA), instancia con la que el Estado hondureño firmó el convenio de la MACCIH en 2016. Pero, en mayor medida, es consecuencia del incumplimiento del Estado para ejecutar las condiciones mínimas planteadas por el organismo internacional que exige reformas en los tres poderes del Estado.

Desde el inicio del proceso destaca la intención de la administración de Castro que el Gobierno controle la selección del personal y el financiamiento de la Comisión, lo que pondría en riesgo su independencia. Además, establecer la figura de la CICIH como acusador privado, querellante adhesivo o de querellante autónomo, encuentra en un laberinto jurídico bajo la discusión sobre reformar la Constitución de la República, el Código Procesal Penal o la Ley del Ministerio Público para dotarle la facultad a la Comisión de compartir con la Fiscalía la acción penal pública. De antemano, reformar la Carta Magna implicaría mayores consensos políticos y jurídicos, necesitando dos legislaturas hasta su ratificación.

Desconfianza en el proceso ante inclusión de políticos partidarizados

Este informe también constata que el proceso de instalación de la CICIH se realiza bajo un escenario de secretividad impuesto por el Gobierno, con la supuesta venia de la ONU, provocando desconfianza y la exclusión de la ciudadanía en la toma de decisiones o en su derecho de fungir como veedor. La conformación de los equipos negociadores del Gobierno de Honduras también es cuestionada por nombrar a personas con perfiles partidistas, en principio, no adecuados para el proceso.

Desde que la misión exploratoria de la ONU recomendara como condiciones mínimas el adecuamiento del marco legal para instalar la CICIH, destaca la división y la aparente falta de voluntad del Congreso Nacional, que en 2023 no legisló durante tres meses debido a conflictos entre los partidos. También se debe de señalar que en el Congreso aún permanecen activos grupos -de los tres partidos predominantes- señalados por cometer delitos de corrupción, opuestos a la llegada de la Comisión.

A pesar de ciertos avances legales, la derogación de algunos decretos como el 04-20221 y el 117-20192, ambas exigencias de la ONU, sigue pendientes. Al respecto, las Naciones Unidas aduce mantener en firme su posición de que el Gobierno cumpla con todas las peticiones expuestas por la misión exploratoria antes de la firma del convenio.

Ciudadanía hondureña presiona a pesar de los obstáculos

Manteniéndose al margen y pasiva, la ciudadanía demanda que la Comisión no sea un instrumento político del Gobierno y exige una CICIH imparcial, independiente y autónoma, con capacidad de presentar requerimientos fiscales. Sin embargo, la desarticulación de un amplio sector de la sociedad civil y su alineación con el Partido Libertad y Refundación (Libre) afecta su participación independiente.

En términos generales, tres narrativas prevalecen y polarizan la agenda del país al respecto:

1. Que el Gobierno en realidad no tiene una verdadera voluntad política para instalar la CICIH, y que su promesa fue más un cálculo electoral, un distractor en la agenda política o una carta de negociación con sus opositores.
2. Que, debido a la complejidad natural de las negociaciones, el proceso es prolongado, y que, a pesar de los intereses nacionales en contra de la lucha anticorrupción, finalmente se llegará a un acuerdo con la ONU.
3. Que la única vía para crear la Comisión es a través de la presión ciudadana, como sucedió en 2015 con la MACCIH.

Como evidencia el informe, el Gobierno argumenta que la ONU y los grupos opositores al oficialismo postergan la firma del convenio, mientras las Naciones Unidas sostiene, hasta mediados de 2024, que sin el cumplimiento de las condiciones mínimas no es posible concertar el acuerdo. En todo caso, el retraso del establecimiento de la Comisión también resulta políticamente impopular para la administración de Castro, a un año del inicio de las campañas electorales para las elecciones internas y primarias en marzo de 2025 y las generales en noviembre de ese año.

Bajo un contexto de confidencialidad, en el cual se desconocen las propuestas de convenio del Gobierno, los hechos parecen revelar que uno de los dos actores debe ceder si realmente pretenden firmar la creación de la CICIH. O el Estado hondureño cumple con los requisitos expuestos, o la ONU flexibiliza sus condiciones y permite establecer un mecanismo internacional dentro de un sistema de justicia que sigue controlado por los partidos políticos, en su mayoría, por el gobernante, a pesar de que la presidenta Castro prometió un avance en la separación de los poderes.

Mientras se dan las negociaciones, la confianza del arribo de la Comisión y las expectativas con el nuevo Gobierno han decaído rápidamente, con 82.6% de la población hondureña que opina que la aplicación de la justicia sigue igual o ha empeorado desde la llegada de la mandataria Castro al poder en 2022 (ERIC-SJ, 2023) y 74.5% desaprueba la gestión de sus primeros dos años (ERIC-SJ, 2024).