La crisis del fentanilo no es solo un drama sanitario: es una catástrofe estratégica. Más de 200 estadounidenses mueren cada día por sobredosis relacionadas con esta droga. El fentanilo es ya la principal causa de muerte entre personas de 18 a 45 años en Estados Unidos y uno de los motores del colapso de la esperanza de vida en el país. Pero lo que a menudo se describe como una epidemia interna tiene un origen geográfico claro: la República Popular China (RPC), bajo la dirección del Partido Comunista Chino (PCCh), es el epicentro de esta crisis.

La maquinaria de muerte que sostiene esta epidemia no se limita al narcotráfico tradicional. Es una red compleja, transnacional y vinculada con intereses estatales y corporativos chinos, que ha sido meticulosamente documentada por comisiones del Congreso estadounidense, el Departamento del Tesoro y agencias de inteligencia financiera. El caso más reciente: el Análisis de Tendencias Financieras (FTA), publicado en 2024 por la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) del Tesoro.

El negocio chino de la química ilícita y la complicidad gubernamental

De acuerdo con el informe mencionado, la mayoría de los precursores del fentanilo —los compuestos químicos necesarios para su producción— se manufacturan en China. Compañías asentadas en ese país producen derivados de la piperidona y otros componentes esenciales, que luego son exportados a México o directamente a Estados Unidos.

La sofisticación de estas operaciones incluye el uso de números del Servicio de Resúmenes Químicos (CAS) en las facturas —lo que ayuda a encubrir la naturaleza ilícita de las sustancias, ya que aparentan ser productos técnicos legítimos—, modificación de los elementos químicos para evitar que sean clasificados como ilegales, envíos en cadena con etiquetas falsas, y el uso masivo de plataformas de comercio electrónico para llegar a compradores en todo el mundo.

El gobierno chino reconoce que muchas de estas sustancias están prohibidas por su propia legislación. Sin embargo, miles de empresas continúan operando libremente en la web china —una de las más vigiladas del planeta— sin enfrentar consecuencias. Este nivel de permisividad no se explica únicamente por debilidad institucional: es una política deliberada de tolerancia estratégica.

Complicidad oficial: subsidios, premios y participación accionaria

La evidencia reunida por la Comisión de Revisión Económica y de Seguridad entre Estados Unidos y China (USCC) del Congreso norteamericano en una investigación de 2017 y posteriores hallazgos es concluyente: el Estado chino, lejos de combatir estas prácticas, las ha incentivado activamente. A continuación, algunos ejemplos:

• Empresas chinas que trafican precursores han recibido subsidios a la exportación, similares a los aplicados a bienes legítimos.
• Varias compañías fueron premiadas con subvenciones y reconocimientos por parte de gobiernos provinciales, que valoraron su impacto en la economía local.
• El PCCh posee participaciones accionarias en empresas químicas vinculadas al tráfico internacional de drogas, incluyendo una compañía controlada por el sistema penitenciario y otra cotizada en bolsa con miles de casos abiertos de tráfico de drogas en sus plataformas digitales.
• Las fuerzas de seguridad chinas no solo han evitado investigar a estos actores, sino que en algunos casos han alertado a los implicados cuando existían solicitudes de cooperación por parte de las autoridades estadounidenses.

Estas acciones no pueden leerse como simples omisiones. Conforman una arquitectura institucional que no solo permite, sino que promueve y protege el comercio global de fentanilo.

Internet censurado… excepto para el tráfico exterior

Una de las paradojas más inquietantes del modelo chino de tráfico de fentanilo es su expresión digital. El sistema de censura de la RPC impide categóricamente la publicación de contenido que promueva la venta de drogas dentro del país. Sin embargo, no existen filtros comparables para prevenir la promoción de sustancias ilegales orientadas a mercados externos.

Una revisión de apenas siete sitios web de e-commerce chinos reveló más de 31,000 ofertas de sustancias químicas con vínculos claros al tráfico de fentanilo, de acuerdo con el informe de la USCC. Las comunicaciones encubiertas con vendedores mostraron su disposición para operar de forma abiertamente ilegal, sin temor a represalias.

Es decir: el mismo Estado que vigila todos los aspectos de la vida digital interna opta por no ver lo que sus empresas hacen en el exterior.

El brazo financiero de la cadena: el informe FTA

El análisis del Departamento del Tesoro ofrece una ventana a la dimensión financiera del problema. A través del FTA Report, FinCEN examinó más de 1,200 avisos de actividades sospechosas, por un monto total de 1,400 millones de dólares vinculados al comercio de fentanilo.

Las conclusiones son contundentes:

• China y México aparecen sistemáticamente como países de origen en las transacciones.
• Se detectaron operaciones complejas de lavado de dinero, que incluyen empresas pantalla, transferencias electrónicas sospechosas y manipulación de facturación de productos electrónicos.
• Las organizaciones profesionales de lavado de dinero chinas están implicadas en el movimiento de fondos ilícitos para los cárteles mexicanos.
• Muchas transacciones utilizan referencias codificadas como “blues” o “ills” —eufemismos para la compra de fentanilo—, así como pagos en bitcoin en mercados oscuros.

El informe resalta además la necesidad de que los bancos en EE. UU. y América Latina revisen su exposición a estas redes y refuercen sus sistemas de cumplimiento y monitoreo.

México: cárteles como engranajes de una maquinaria global

La producción final del fentanilo ocurre en su mayoría en México, en zonas controladas por el Cártel de Sinaloa y el Cartel de Jalisco Nueva Generación (CJNG). Estos grupos importan los precursores desde China, los procesan en laboratorios clandestinos y distribuyen el producto a través de redes bien establecidas.

En febrero de 2025, y como parte de la estrategia estadounidense para contener esta amenaza, ambos cárteles fueron designados como Organizaciones Terroristas Extranjeras (FTO) y Terroristas Globales Especialmente Designados (SDGT), de conformidad con la Orden Ejecutiva 14157. Estas designaciones permiten aplicar una batería de medidas legales, financieras e investigativas más agresivas, pero no resuelven el origen estructural del problema.

¿Una guerra no declarada?

El modelo descrito no es solo un caso de negligencia internacional. Se asemeja a una forma de guerra liminal, en la que un Estado hostil utiliza medios no convencionales —en este caso, el comercio de drogas sintéticas— para debilitar a un adversario estratégico desde dentro.

El fentanilo no solo mata a ciudadanos estadounidenses. Fragmenta comunidades, sobrecarga los sistemas judiciales y de salud, y socava el tejido social. Al mismo tiempo, enriquece al sector químico chino, fortalece redes criminales conectadas al PCCh, y erosiona la posición interna y externa de Estados Unidos sin que se dispare un solo proyectil.

China no solo produce fentanilo. Sustenta su cadena de valor, la protege institucionalmente y se beneficia de sus efectos estratégicos. Esta crisis no se resolverá con medidas superficiales. Requiere enfrentar de forma frontal el modelo chino de tolerancia estructural al narcotráfico y entender su rol no como cómplice menor, sino como arquitecto central de una amenaza global.

Estados Unidos y sus aliados deben asumir que esta guerra no es solo sanitaria, sino que representa una forma de confrontación geopolítica del siglo XXI. Y como toda guerra, necesita ser reconocida como tal para poder ser detenida.