Por César Eduardo Santos/Expediente Abierto

En julio de 2024 fue publicada una investigación conjunta entre el New York Times y The Wire China, donde se revelan las conexiones entre Xiao Jianhua, empresario chino acusado de corrupción y soborno, y los negocios del célebre Jack Ma. En palabras de sus autores, este trabajo “ofrece una visión en primera persona del capitalismo chino”.  

Los periodistas del Times y The Wire muestran cómo los empresarios chinos se encuentran comúnmente presionados por las exigencias e intereses del Partido Comunista Chino (PCCh). Como en alguna ocasión declaró Jack Ma, “hago todo lo que ellos [los funcionarios] me piden”. Esta investigación también señala la presencia de actores ligados con las altas esferas del Gobierno –por ejemplo, la hermana de Xi Jinping– en las grandes firmas privadas chinas, hecho que difumina los límites entre la clase empresarial y el poder político.  

Similares puntos de vista han sido desarrollados en un informe reciente de Expediente Abierto –Más allá de la Franja y la Ruta: impacto de las empresas chinas en Centroamérica. Si bien este informe concentra sus esfuerzos en la realidad centroamericana y sus relaciones con el gigante asiático, los casos ahí estudiados ilustran la delgada línea existente entre empresas estatales y no estatales chinas, así como el papel que estas desempeñan en los objetivos estratégicos del PCCh en Centroamérica.  

Es de sobra conocida la instrumentalización de Huawei en las operaciones de influencia transnacional del Gobierno chino, razón por la que su tecnología 5G ha sido suspendida en países como Australia, Canadá y Estados Unidos. Más recientemente, han llamado la atención pública los alegatos en Estados Unidos contra Tiktok y su propietaria ByteDance –con base en Pekín y supuestamente vinculada al PCCh, quienes estarían poniendo en riesgo la privacidad de sus usuarios en el país norteamericano. 

Pese a ello, el gran público y los tomadores de decisiones no suelen estar informados acerca de los riesgos existentes en las operaciones de varias empresas chinas mucho menos conocidas. Por ejemplo, las sanciones internacionales que enfrenta la estatal China Communications Construction Company (CCCC) por incurrir en malas prácticas durante la construcción de autopistas en Filipinas. También está el caso de las medidas del Banco Mundial contra China National Electric Engineering Company Limited (CNEEC), debido a su vínculo con operaciones fraudulentas durante la rehabilitación de infraestructura eléctrica en Zambia.  

El informe de Expediente Abierto conecta las preocupaciones sobre el avance de China en la región con el estudio crítico de ciertos agentes, quienes no suelen considerarse entre los principales portadores de la influencia global del PCCh. El informe aborda casos como el de Huawei e incluso el de CCCC, y también escudriña en otro cúmulo de compañías chinas que incurren en prácticas dañinas para las economías centroamericanas, hecho fácilmente extensivo al resto de América Latina y varios países del Sur Global.  

Una geografía repleta de compañías chinas 

Contrario a lo que quizá se piense, Centroamérica es hoy un importante receptáculo de la influencia china en América Latina, gracias a numerosos acuerdos comerciales –e. g. el recientemente firmado Tratado de Libre Comercio (TLC) entre China y Nicaragua, de cooperación mediática y, en menor medida, de inversión en infraestructura. Si bien esta última ha sido apenas significativa, resulta sumamente útil al PCCh para proyectar una imagen de benefactor regional y persuadir a los Gobiernos locales de establecer relaciones con ellos.  

En esta tarea ha sido fundamental la labor de las empresas chinas, pues son las que desarrollan los proyectos de infraestructura que prometen modernización y bienestar a los países centroamericanos. En la región, estas firmas se han instalado desde el así denominado Triángulo Norte hasta el istmo panameño, llevando a cabo iniciativas de distinta complejidad –no siempre con buenos resultados– en donde se incluyen estadios, condominios, plantas potabilizadoras de agua, refinerías, puertos y centrales eléctricas.  

Una de las primeras obras de estas compañías fue el Estadio Nacional de Costa Rica, inaugurado en 2011 y construido por la estatal china Anhui Foreign Economic Construction Group (AFECC). Este proyecto funcionó al Gobierno chino como un incentivo para que el expresidente costarricense, Óscar Arias, acelerara la ruptura de lazos con Taiwán y estableciera los propios con la República Popular China (RPC), en lo que algunos han denominado “diplomacia de los estadios”. 

China ha desplegado la misma jugada en El Salvador, al que otorgó 500 millones de dólares en “inversión no reembolsable y sin condiciones” poco tiempo después de haber establecido relaciones oficiales en 2018. Este paquete de inversión contempló la construcción de una biblioteca, un muelle turístico, una planta potabilizadora y la promesa de construir un estadio. Si bien sobre este último no existen todavía avances, la biblioteca ya fue inaugurada, mientras que el muelle ha sido desarrollado por la empresa madre de CCCC, China Harbour Engineering Company (CHEC). 

Los principales riesgos 

Pese a las múltiples dádivas del Gobierno chino y el interés mediático que sus llamativos proyectos han suscitado, la realidad expresa un saldo negativo para Centroamérica en su relación con las empresas chinas. El informe citado de Expediente Abierto identifica apenas unas pocas iniciativas con impacto positivo para la región, como la planta potabilizadora Cañas-Bebedero en Costa Rica –obra de la estatal China Urban Construcción Design (CTCE), mientras que resalta la cancelación de proyectos como la refinería Soresco en el mismo país –a cargo de China National Petroleum Corporation (CNPC), o el Panamá Colón Container Port, desarrollado por Shanghai Gorgeous Group y Landbridge Group. 

Las firmas provenientes de la RPC, tanto públicas como de participación privada, han incurrido en controvertidas prácticas que generan dudas sobre su eficiencia, capacidad técnica y apertura a la rendición de cuentas. Costa Rica fue nuevamente protagonista cuando, por ejemplo, la empresa encargada de construir el Estadio Nacional –también contratada en un desarrollo inmobiliario, terminó siendo acusada de ofrecer sobornos a los cónsules costarricenses en Pekín para que permitieran el ingreso de más trabajadores chinos a esas obras. 

Una historia similar se repitió en Panamá, cuando la empresa CHEC y su filial CCCC consiguieron la licitación para construir el cuarto puente sobre el Canal, después de que el expresidente Juan Carlos Varela se reuniera personalmente con altos funcionarios de esas firmas. Los actos de corrupción se han replicado en proyectos de supuesta inversión privada, como en el caso del recientemente cancelado Canal de Nicaragua. El empresario chino a quien había sido concesionada esta iniciativa, Wang Jing, fue acusado de conseguir inversión fantasma a través de ella, pese a que nunca existieron avances significativos en la obra.  

Es claro, por lo tanto, “que los intereses geoestratégicos de la RPC no pudieran concretarse sin el apoyo y la colaboración de las élites centroamericanas, quienes por diversas causas facilitan la entrada y expansión de empresas [chinas] en sus respectivos territorios nacionales”, según concluye el informe de Expediente Abierto. 

*Este artículo fue originalmente publicado en inglés por la revista The Diplomat