Por Evelyn Pinto
Nicaragua, conocida por sus lagos y volcanes, su cultura y paradisíacas playas, es también conocida por engendrar dictaduras y guerras que han provocado más muertes de nicaragüenses que los terremotos, maremotos y huracanes juntos que han azotado el país.
En la actualidad, Nicaragua está viviendo una de las peores crisis política y sociales de su historia, por su fuerte impacto en la población en sus diferentes estratos económicos, políticos y sociales. Todo se precipitó el 18 de abril del 2018. Una explosión social no esperada estalla en las narices de los dictadores Daniel Ortega y Rosario Murillo al pretender reformar la ley de seguridad social afectando las pensiones de los jubilados.
La violenta respuesta del régimen a las protestas del 18 y 19 de abril desembocaron en una masiva y extensa movilización nacional en la que participaron activamente estudiantes, pobladores de barrios, campesinos, mujeres, sectores religiosos, feministas, sector privado. En fin, saltó en pedazos la supuesta armonía que el modelo corporativo de convivencia, gobierno-sector privado, brindaba a la dictadura y el supuesto control del partido de gobierno en los sectores y territorios.
Como resultado de la crisis generada por el régimen nicaragüense, más de 355 personas fueron asesinadas, miles resultaron capturados, 900 mil terminaron exiliados, 4000 Organizaciones de Sociedad Civil fueron clausurados, 60 medios de comunicación cerrados, 28 Universidades confiscadas, 60 sacerdotes desterrados, 316 nicaragüenses despojados de su nacionalidad y de sus bienes, así como centenares de nicaragüenses con prohibición de entrar al país colocándolos en condición de destierro.
A julio de 2024, el Mecanismo para el reconocimiento de las personas presas políticas registró 151 personas prisioneras políticas, de las cuales 135 fueron liberadas y desterradas el 5 de septiembre del 2024, posteriormente, también fueron desnacionalizadas. Permanecen aún en prisión 45 personas.
Este ensayo analiza, desde una perspectiva personal, cómo los nicaragüenses que han sido afectados por múltiples pérdidas observan el perdón, la verdad, la memoria, la venganza y la justicia. Basándose en entrevistas a víctimas, la autora busca comprender cómo los nicaragüenses se posicionan ante el planteamiento de la justicia transicional como una forma en que, en un escenario post-Ortega, un gobierno democrático enfrentaría los crímenes de lesa humanidad cometidos por la dictadura Ortega Murillo. Este trabajo ha sido realizado en el marco del Programa de Becas para la Democracia en Nicaragua, de Expediente Abierto.