La comunidad LGTBI en Honduras ha estado marcada por la tragedia

Por Miguel Ángel López Rojas, investigador asociado de Expediente Abierto.

Tegucigalpa.- Diferentes tragedias, sobre todo a partir de la década de los 80’s con la aparición del Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH), motivaron la visibilización de la comunidad Lésbico, Gay, Transexual e Intersexual (LGBTI) en Honduras, la cual había convivido la mayor parte del siglo XX bajo una tolerancia velada.

La aparición del VIH y su expansión por el mundo, que en el caso de Honduras llegó a concentrar uno de cada dos casos registrados en el istmo centroamericano hace cuatro décadas, obligó al Estado y a la comunidad internacional a establecer las primeras políticas públicas para su atención en esta zona. En Honduras, el primer caso de VIH se reportó en 1984 en un médico odontólogo de la zona norte, en la región de El Progreso, Yoro.

En el caso de la comunidad LGTBI la primer respuesta estatal e internacional fue para contener la pandemia, sin ahondar en el tema de la defensa de sus derechos humanos, pero fue el surgimiento de esa enfermedad, el parteaguas para que la comunidad LGTBI conformara sus primeras organizaciones, mismas que tuvieron que esperar 20 años para tener un reconocimiento legal por parte del Estado.

Un trabajo de la organización académica Expediente Abierto, en el marco de la investigación “Principales Vulnerabilidades y Riesgos de la Comunidad LGTBI en Honduras”, con apoyo de Open Society, indica que hasta antes del VIH, la tolerancia a esta comunidad era clara y tenían presencia en actos públicos. Después, todo cambió y se empiezan a registrar las primeras agresiones y posteriormente los asesinatos, revelaron a los investigadores.

Una vez que el VIH- SIDA fue reconocido por el Estado como tema de seguridad pública se iniciaron los controles y el cierre de sus lugares de reunión y esparcimiento, así como zonas de trabajo sexual en San Pedro Sula y Tegucigalpa, afectando sobre todo a mujeres trans, principales miembros de la comunidad que realizan esa labor.

Los primeros grupos solidarios

En 1986 cuando el tema del VIH-SIDA se instaló como un problema de salud pública, surgen “los primeros grupos solidarios para el cuidado de las personas viviendo con VIH/Sida y dan como resultado la creación de la primera organización que se tiene registrada”, destaca una publicación que aborda los orígenes del movimiento LGTBI en Honduras.<

El estudio, elaborado por el Comité de la Diversidad Sexual, aseguró que entre 1987 (que apareció la Asociación Hondureña de Homosexuales contra el Sida) y 2010, se tuvo conocimiento de alrededor de 30 grupos que atendían a la comunidad LGBTI en diferentes departamentos del país.

“Los propulsores del movimiento gay fueron personas gay, pero realmente fueron personas trans que se asumían como gay (…) las que salían en los periódicos”, asumiendo ese movimiento como si fueran de la comunidad gay, señala el trabajo en mención.

Iván Banegas, de Colectivo Violeta, dijo a Expediente Abierto que su organización deriva de la Asociación Hondureña de Homosexuales contra el Sida para apoyar a personas con VIH-SIDA, quienes eran recluidas “en quintos pisos de los hospitales o en lugares muy apartados”, mientras algunos médicos se rehusaba a atenderlos.

Para 1998, Honduras, con una población de 5.7 millones de habitantes, registraba 8,563 casos de la enfermedad, acumulados desde 1985, y representaba el 51.6 por ciento del total de casos en Centroamérica, muy por arriba de Guatemala, segundo país con 2,019 casos registrados. En esa época, 5 de cada 10 enfermos portadores de la enfermedad vivían en territorio hondureño.

El departamento de Cortés concentraba 40 por ciento de los casos, seguido de Francisco Morazán con 22 por ciento, mientras que el 38 por ciento restante se diluía en los otros 16 departamentos del país, lo que mostró que el problema se concentraba sobre todo en dos principales puntos.

Datos de la Evaluación de Proceso y Resultados del Pensida III, elaborado por ONUSIDA en 2013, indicó que a diciembre de 2012 se tenían registradas 31,051 personas viviendo con VIH, siendo los departamentos de Cortés, Francisco Morazán, Atlántida y Colón, los de mayor prevalencia.

El reconocimiento del Estado

La lucha de la comunidad LGTBI por reivindicar sus derechos asociados a la salud, les llevó a que en el 2004, el Estado finalmente otorgara las primeras personerías jurídicas a tres organizaciones, dándoles así un nivel de reconocimiento jurídico que les permitió salir de la marginalidad en que operaban y avanzar en la lucha por sus derechos.

Aunque este logro podría considerarse un avance en la agenda de la comunidad, que comenzaba a demandar reconocimiento a sus derechos, el Estado los atajó ese mismo año de 2004 con las reformas a los artículos constitucionales 112 y 116 que prohíbe el matrimonio igualitario y la adopción de menores.

En el caso del matrimonio entre personas del mismo sexo, este ya era un tema que venía avanzando a nivel mundial desde el año 2000 y para finales de 2017 lo reconocían siete naciones latinoamericanas (Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, México y Uruguay).

Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) difundió en enero de 2018 su Opinión Consultiva, un fallo judicial en el cual reconoce el derecho al matrimonio igualitario y a que las personas de la comunidad trans utilicen el nombre asumido como identidad de género. El fallo es considerado histórico para el continente americano en la reivindicación de los derechos humanos a favor de la comunidad LGTBI y la lucha contra el odio y la discriminación.

La Opinión Consultiva fue solicitada por el gobierno de Costa Rica, quien al conocer la decisión de la CIDH dijo que lo asumiría en cada una de sus partes, tras recordar que el mismo es aplicable también para los estados miembros del sistema interamericano.

La impunidad de los crímenes

En Honduras las reacciones a favor y en contra no se han hecho esperar, la batalla será legal y permanente, en especial cuando se presenten los primeros casos ante los tribunales de justicia.

La lucha de la comunidad LGTBI por el reconocimiento de sus derechos fueron marcadas también por el golpe de Estado en 2009, que pese a una mayor organización como colectivos, crecieron las agresiones en su contra, entre ellas los asesinatos, que en su mayoría han quedado en la impunidad.

A partir de esa fecha, según las organizaciones LGBTI, se intensifican los asesinatos de género, como lo documentó la Red Lésbica Cattrachas que asegura que ente 2009 y 2016 se registraron 242 asesinatos contra integrantes de esa comunidad. De ese total 14 fueron gays, 81 trans y 21 lesbianas.

Los asesinatos del periodo anterior contrastan con los registrados entre 1994 y 2008, cuando las organizaciones de esta comunidad eran desconocidas y su capacidad de registro e incidencia era mucho menor.

Si bien, entre 1994 y 2008 la muerte de trans encabezó la lista de homicidios, según el informe de la Red Cattrachas, es a partir de 2009 donde la comunidad gay aparece liderando las cifras de los homicidios, seguido de la comunidad trans y las lesbianas.

Donny Reyes, de la Asociación Arcoiris, es del criterio que aunque existan más personas gais en el país, es la comunidad trans la más afectada por los asesinatos, porque aunque sean menor en número, son las más expuestas y visibilizadas.

En los últimos años la violencia contra esta comunidad creció constantemente y es dentro de la agenda humanitaria nacional e internacional un tema que amerita respuestas y sobre el cual habrá fuerte presión internacional.

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