Por Eric Lemus
El día que Nayib Bukele inauguró las obras de construcción de la nueva biblioteca nacional aseguró que el Estado salvadoreño no erogaría nada porque todo sería fruto de la donación asiática y que estaría abierta los 365 días del año y las 24 horas del día.
“Esta es una donación, una colaboración del Gobierno de la República Popular China, una donación de la que hablamos en una reunión con el presidente Xi Jinping, a quien le extendemos nuestro agradecimiento por esta gran obra”, dijo el jueves 3 de febrero del año pasado.
El evento, organizado al anochecer, sirvió para iluminar con reflectores el corazón de la ciudad que abarca el Palacio Nacional, un edificio de estilo neoclásico que data de principios del siglo XX y la Catedral metropolitana, donde yacen los restos de San Romero de América, el arzobispo asesinado por un francotirador el 24 de marzo de 1980.
Bukele afirmó que el edificio tendría un costo de $54 millones y que simula un libro abierto, pero inspirado en los arrecifes, olas y volcanes de El Salvador, que sería “un legado no solo para nosotros sino para las futuras generaciones”.
En diciembre de 2021, la Asamblea aprobó disposiciones especiales para acelerar la construcción de la edificación. La obra está a cargo de la firma constructora china Yanjian Group y en la edificación solo participan obreros chinos que han traído hasta a sus propios cocineros.
Desde aquella declaración, el Gobierno solo distribuyó un Convenio Marco para el Establecimiento del Mecanismo de Cooperación Bilateral para la Ejecución de los Proyectos de Asistencia Económica y Técnica entre ambos países.
El fondo bibliográfico
La Biblioteca Nacional salvadoreña fue fundada el 5 de julio de 1870 por Decreto del Ministerio de Relaciones Exteriores y por instrucción del expresidente de la República, Francisco Dueñas, que adquirió un fondo bibliográfico de 6.000 volúmenes comprados al general mexicano Federico Larraínzar.
Las obras abarcaron todos los clásicos griegos y latinos, italianos, franceses, ingleses, alemanes y españoles y varias enciclopedias que estaban en manos del Larraínzar y que pertenecieron al cardenal Luigi Lambruschini, exsecretario de Estado del Papa Gregorio XVI.
“Ignoramos cuáles pueden haber sido las razones para adquirir esta colección que expresaba una visión bastante anticuada y reaccionaria de la cultura, muy poco a tono con el espíritu liberal y positivo de finales del siglo XIX”, analizó para Expediente Público Ricardo Roque Baldovinos, catedrático de la Universidad Centroamérica José Simeón Cañas (UCA).
A lo largo del siguiente siglo, la institución atravesó diversas crisis debido a la falta de una sede permanente. Estuvo en un local de la Universidad de El Salvador (UES), a un costado de la actual Catedral, hasta que fue trasladada a un edificio propio, pero que sucumbió desafortunadamente en el terremoto del 10 de octubre de 1986.
Actualmente, todo su catálogo fue trasladado a una sede temporal donde el Ministerio de Cultura sostiene que resguarda todo el contenido que abarca 92.047 diferentes títulos.
Patrimonio errante
El investigador académico salvadoreño Carlos Cañas Dinarte, que está radicado en Barcelona, destacó a Expediente Público que “la biblioteca ha visto peligrar todo su patrimonio bibliográfico y hemerográfico en todos esos años que anduvo errante hasta que llegó al último lugar”, donde ahora la empresa china Yanjian levanta los nuevos cimientos.
Cañas recordó que la decisión que asumió el Ministerio de Cultura del Gobierno de Bukele pasó por encima de la Ley Especial de Protección del Patrimonio Cultural.
El edificio demolido por China tenía “Escudo azul”, que es el emblema protector acordado en el marco de la Convención para la Protección de los Bienes Culturales en caso de Conflicto Armado, suscrita en la ciudad de La Haya en 1954.
“Cuando se hace la propuesta de construir la biblioteca donada por China se violenta la disposición del Escudo Azul de la Unesco y se violenta la disposición de que el edificio y su contenido es patrimonio de los salvadoreños”, señaló Cañas.
“La propuesta del arquitecto chino violenta por completo el entorno de esa zona y obliga al derribo de otras estructuras que estaban alrededor”, agregó a Expediente Público.
Promesas de $500 millones
En mayo de 2021, la Asamblea Legislativa, que controla el partido oficialista Nuevas Ideas (NI), ratificó un acuerdo que firmó Bukele con su homólogo chino, Xi Jinping, durante una gira presidencial efectuada en diciembre de 2019, donde fue investido con un doctorado honoris causa por la Universidad de Pekín.
La Secretaría de Comunicaciones de la Presidencia difundió las fotografías en las que un exultante Bukele recibe el título de manos del presidente de la Asamblea Nacional Popular, Li Zhanshu.
El gobernante salvadoreño anunció que obtuvo un acuerdo de $500 millones que estaban destinados para la construcción de la biblioteca, un nuevo estadio, un nuevo muelle en el puerto de La Libertad y una planta potabilizadora de agua en el lago Ilopango. El recurso hídrico es de origen volcánico y contiene arsénico y boro en sus aguas.
En diciembre de 2021, el Congreso tomó disposiciones especiales para acelerar la construcción de la edificación.
De modo que la noche del lanzamiento de la biblioteca, Bukele siguió fiel a su eslogan anticipando que sería “la más grande de toda América Latina” y que estaría lista en ocho meses. Pero la promesa sigue en obras.
Un edificio: un símbolo
Hace poco más de un año, quien ahora es exembajadora de China en El Salvador, Ou Jianhong, afirmó que la biblioteca representa “la hermosa esperanza de los dos pueblos de ayudarse mutuamente y prosperar juntos”.
“La Biblioteca Nacional de El Salvador es una fuerte y palpable manifestación de los resultados de la cooperación entre los dos países”, dijo Ou, que calificó la obra como “un nuevo monumento de cooperación mutuamente beneficiosa entre China y El Salvador”.
Ou fue reemplazada recientemente por Zhang Yanhui, que es el nuevo embajador de la República Popular China en El Salvador.
Zhang presentó cartas credenciales el pasado 2 de febrero y reiteró que la buena voluntad de Pekín de seguir cooperando con este país centroamericano.
Pocos días después, Zhang ofreció una cena honorífica a la que invitó a diputados oficialistas del Congreso salvadoreño y periodistas previamente seleccionados.
Simpatía e inquietud
En torno a los restos del antiguo edificio la opinión es diversa entre aquellos que dependen de la economía sumergida en el Centro Histórico para sobrevivir.
Juan Carlos Avelar, que vende bolsas plásticas, opina a Expediente Pública que pese al atraso “está quedando bien bonito (el edificio)”.
Pero una vendedora aledaña a la zona de la construcción evita identificarse.
“Mire que ahora decir algo da miedo porque hoy nos tienen cerrada la boca. No es nada lo que uno dice a lo que se inventan”, previene.
En cambio, la costurera Ana Henríquez cree que la obra siempre traerá beneficios.
“La gente se siente afligida porque las van a quitar y aquí ganan sus centavos diarios. Para ellos es más difícil al pasarlos a otro lado, pero todo tiene solución en la vida”, vaticina a Expediente Público.
Mientras que Pablo, que vende libros usados junto al muro perimetral de las obras, lamenta que “hay mucho joven que no sabe leer ni escribir (…) no saben dónde está el índice, ni sabe qué es el prólogo, ni sabe qué es una síntesis».
“Nuestro pueblo necesita leer cultura”, reclama.
Irrespeto a la ley
Para Federico Hernández, el expresidente del antiguo Consejo Nacional para la Cultura y el Arte (Concultura), convertido en Ministerio de Cultura en 2014, no hay “nada de qué extrañarse” en torno a lo sucedido.
“El Gobierno plantea fechas de construcción que parece sacárselas de la manga de la camisa. Era obvio que una obra como la que piensan hacer en el centro histórico iba a tardar más tiempo”, argumentó Hernández a Expediente Público.
“A mí me preocupa más el tema del respeto a la Ley Especial de Protección del Patrimonio Cultural (LEPPC)”, precisó Hernández.
“Primero la violaron al demoler el antiguo edificio donde estaba la Biblioteca Nacional, porque se trataba de una edificación patrimonial. Simplemente la echaron por tierra y nadie hizo cumplir la ley. En este caso, el Ministerio de Cultura”, fustigó.
En tanto, el abogado y escritor Alfonso Fajardo explicó a Expediente Público que “resulta contradictorio que el mismo Estado que ha dictado medidas de protección sobre el edificio que albergaba la Biblioteca Nacional es el encargado de violar o vulnerar sus mismas resoluciones de protección sobre el inmueble”.
Fajardo es experto en derecho de autor y trae a cuenta que el Gobierno pisoteó la LEPPC y la decisión hizo que el Ministerio de Cultura incurriera en el delito de “Infracción a las medidas de registro, control, circulación y protección de Bienes Culturales”.
La ley salvadoreña es bastante laxa en ese tema porque castiga con pena de uno a dos años a quien viola el artículo 223 del Código Penal.
“El Centro Histórico de cada país se caracteriza precisamente por la preservación de su antigua arquitectura. Ese es su atractivo turístico: poder viajar a través del tiempo a la antigua urbe, al antiguo epicentro donde convergían, la mayoría de las veces, la religión y los poderes legislativo, judicial y ejecutivo, y esa es precisamente el atractivo al permanecer y persistir a pesar del tiempo”, reflexionó Fajardo.
Demoler o conservar
El avance de las obras es observado diariamente por los capitalinos que a diario cruzan la Plaza Cívica, donde se erige una estatua ecuestre dedicada a Gerardo Barrios, el militar que introdujo el cultivo del café en el país a fines del siglo XIX.
Los parroquianos que descansan en los escasos árboles que ofrece el lugar, fueron testigos de la demolición sistemática de todo el bloque que colindó con la biblioteca.
El Gobierno también adquirió las propiedades aledañas porque el cuadrante albergó la casa natal del poeta centroamericanista José Batres Montúfar y también fue residencia del prócer independentista Santiago Rubides José Célis en el siglo XIX, según trae a cuenta Cañas Dinarte.
“Además, el decreto legislativo 513 que data del 22 de abril de 1993 le otorgó una condición de bien cultural del país. La ley Especial del Patrimonio Cultural le da esa condición a las bibliotecas y los archivos porque forman parte del tesoro salvadoreño. Pero a este Gobierno eso no le importó”, añade.
Por su lado, Hernández, en calidad de expresidente de Concultura, criticó que “según la Ley del Patrimonio, ninguna obra monumental puede edificarse en ninguna de las cuadrículas protegidas del Centro Histórico porque ello rompería la llamada línea arquitectónica de la zona”.
De todas las obras anunciadas, hasta la fecha el edificio que simula un libro abierto en el corazón de la ciudad es el que muestra avances, a pesar de que debió ser concluido en septiembre del año pasado, y donde la regla es la opacidad de todo el proceso.
De hecho, el Gobierno declaró reservada por siete años el acuerdo de cooperación con China.
“En el futuro, cuando China finalmente termine eso, vamos a tener una estructura modernísima que no guarda ninguna relación con el resto del entorno del paisaje urbano y vendrá la siguiente fase que será, qué va a alojar”, finalizó.