Por Expediente Abierto.
El 2 de agosto de 2024, el gobierno nicaragüense anunció que, tras haber evaluado sus actividades del primer semestre, iniciaría una revisión de sus planes para la segunda mitad del año, a fin de alcanzar mayores niveles de eficiencia en su gestión.
Sin embargo, las intenciones presentadas no parecen creíbles debido a los antecedentes despóticos del gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo, así como por su connivencia con la corrupción. Desde su regreso a la presidencia en 2007, Ortega, familiares e integrantes de su círculo cercano han visto engrosar con rapidez sus fortunas, especialmente a través de la consecución de contratos y puestos en la administración pública. El nepotismo ha alcanzado niveles prácticamente inéditos.
Tras el comunicado, se desataron especulaciones sobre las motivaciones de esta decisión. En los medios de comunicación se han destacado razones económicas que sugieren que el régimen estaría buscando apuntalar sus finanzas. El diario La Prensa ha señalado que el gobierno estaría siguiendo las recomendaciones brindadas por el FMI en 2023, entre las que el organismo multilateral sugirió:
- Reducción de entre 0.5% a un 0.75%, como porcentaje del PIB, en los gastos corrientes (salarios y prestaciones, adquisiciones de bienes y servicios, gastos administrativos, etc.).
- Revisión de exenciones fiscales y subsidios.
- Fortalecer el sistema tributario y la gestión del riesgo fiscal.
El organismo multilateral hizo estas recomendaciones considerando las limitaciones de financiamiento externo que el régimen enfrenta de parte de la comunidad internacional, tras su deriva autoritaria agravada en los últimos años. Otro factor no menor, es la cada vez más pesada carga que supone, para el presupuesto público, el sostenimiento del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS), en quiebra técnica desde hace una década.
La situación crítica que padece el INSS es una muestra del fracaso de las políticas económicas del gobierno de Ortega. En 2007, este recibió una institución aún superavitaria, pero con diagnósticos actuariales que alertaban de un futuro financiero incierto. Pese a ello, los gastos operativos del INSS se expandieron considerablemente, mucho más que sus ingresos. A la fecha, el gobierno ha sido incapaz de ofrecer una respuesta a los desafíos que enfrenta la institución. Si bien es siempre recomendable que un gobierno procure la racionalidad en sus erogaciones, más aún considerando lo ya mencionado y las problemáticas sociales que tiene el país, como los altos niveles de pobreza o la deficiencia de la calidad y cobertura de los servicios públicos (energía, agua y saneamiento, salud, educación, etc.), es poco probable que la evaluación de su gestión esté motivada únicamente por el supuesto deseo de mejorar la eficiencia y eficacia del gasto.
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Desde su regreso a la Presidencia hace 17 años, la administración de Ortega ha dado prioridad, en la gestión del empleo público, a criterios partidarios en lugar de profesionales. A raíz de la crisis sociopolítica iniciada en abril de 2018, ha impulsado una persecución feroz contra todo aquel que sea considerado crítico u opositor, términos sin distinción para el régimen. Esto ha resultado en el despido numerosos trabajadores estatales y docentes de universidades públicas, alguno de ellos reconocidos profesionales en sus campos, así como en la expulsión de estudiantes por motivos partidarios, a los que incluso se les ha llegado a borrar sus registros académicos.
En esta cruzada contra el disenso y la defensa del pensamiento único que el régimen Ortega-Murillo desarrolla, alentada por la paranoia que le hace ver enemigos por doquier, ni siquiera sus personeros más cercanos han escapado de la purga. Entre las figuras caídas en desgracia, algunas en prisión y otras obligadas al ostracismo, se encuentran Alba Luz Ramos, presidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), formalmente en el puesto, aunque con casa por cárcel por enemistad con Murillo; Humberto Ortega, hermano de Daniel Ortega, incomunicado desde que dio una entrevista en la que criticó al gobierno de su hermano; y Carlos Fonseca Terán, hijo del fundador del Frente Sandinista, quien está desaparecido tras ser detenido por integrar un grupo de WhatsApp sobre política.
En un país como Nicaragua, en el que históricamente ha habido un déficit de mano de obra calificada y en el que la falta de empleo de calidad ha propiciado una sostenida fuga de cerebros, las políticas represivas del régimen solo agravan aún más este problema.
Durante el conversatorio “Educar para la Democracia”, que recientemente organizó Expediente Abierto, el panel conformado por educadores y activistas destacó los enormes obstáculos que enfrentan los jóvenes para desarrollar sus estudios superiores en Nicaragua, dado el control partidario de las universidades. Estas dificultades se extienden además fuera de Nicaragua, afectando a quienes quieren iniciar o continuar con sus estudios.
“No tenemos notas, no tenemos historiales universitarios. Para muchos jóvenes pareciera que nunca pisaron la universidad cuando estaban a punto de culminar sus carreras”, destacó la líder estudiantil Samantha Jirón, citada por Expediente Público. Este mismo medio explica que al “no poder regularizar su estatus migratorio, los problemas de registros académicos, convalidaciones y homologaciones de clases, […] son algunas de las dificultades o barreras que les impide a los estudiantes regresar a las universidades en el extranjero”.
Estas dificultades también se extienden para aquellos que están en búsqueda de un trabajo, especialmente si aspiran a ejercer una actividad profesional, debido a la ineficiente o completa falta de asistencia consular por parte del gobierno de Nicaragua para la tramitación de pasaportes, la legalización de documentos, entre otros trámites necesarios.
La revisión anunciada por el gobierno, lejos de ser un esfuerzo genuino por mejorar la racionalidad del gasto público, se encamina más a ser un intento de fortalecer el control autoritario y paliar algunas dificultades financieras, todo ello en medio de un contexto de creciente aislamiento internacional y poca legitimidad política. Mientras tanto, la represión y el deterioro institucional continúa profundizando la crisis sociopolítica, empeorando las perspectivas de futuro para Nicaragua.
