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    Recursos naturales de comunidades en el Caribe de Nicaragua en peligro por voracidad de China

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    Por: Expediente Público

    Una serie de masacres, asesinatos selectivos y la presencia de empresas mineras de origen chino en el Caribe Norte de Nicaragua son manifestaciones de una nueva etapa de colonización y desplazamiento de las comunidades indígenas de sus territorios ancestrales, denunció a Expediente Público el Consejo de Ancianos de la Mosquitia.

    El modo de operar de los colonos ha cambiado desde 2022, pasando de invasiones agresivas y violentas, a la infiltración y creación de autoridades paralelas que legitiman los arriendos ilegales, pero, sobre todo, dejan la responsabilidad de los permisos y violencia en los comunitarios indígenas, generando más impunidad a los colonos, sostuvo el Consejo.

    El Consejo de Ancianos denunció a Expediente Público que en todas las comunidades y en los 17 territorios titulados de la Costa Caribe Norte, el régimen de Ortega tiene autoridades impuestas para otorgar avales de arrendamiento de tierras indígenas a escondidas o puertas cerradas.

    A pesar de eso, desde el 2020 se conoce la llegada paulatina de al menos tres empresas de origen chino en el Caribe de Nicaragua: Zhong Fu Development, con 14,000 hectáreas en Sahsa y 1,400 hectáreas en Llano Sur, Santa Rita Mining My Company SA con 33,000 hectáreas en Rosita y Hyts Resource Developments en la comunidad Los Chiles, Río San Juan. 

    Zhong Fu Invest Group es la más reciente en solicitar operaciones, aprobada por el municipio de Bilwi a finales de julio de 2023. Se trata de una empresa totalmente desconocida, aunque medios locales afirman que es subsidiaria de Zhong Fu Invest Group, de capital de riesgo con inversiones en tecnología con sede en Pekín, pero sin operaciones conocidas fuera de China o en minería. 

    Concesiones mineras en secreto

    Desde junio de 2021 el régimen de Daniel Ortega en Nicaragua no actualiza la lista de concesiones mineras.

    La llegada de empresas chinas, con fama de malas prácticas laborales y ambientales, preocupa a los líderes comunitarios, en una región donde el régimen ha favorecido los intereses económicos de colonos que desplazan de sus territorios a los indígenas.

    La presencia de la empresa Zhong Fu, afecta a 17 comunidades indígenas, particularmente porque la concesión involucra el cerro Miramar que sirve de vertiente del agua potable para los pobladores de la comunidad de Sahsa. 

    Un activista misquito entrevistado pero que no quiso revelar su nombre por temor a represalias, también enfatizó que los consejos municipales están autorizando a estas empresas en cabildos controlados por el Gobierno central, por lo cual no tienen capacidad de deliberar y analizar a profundidad el impacto que pueda tener la presencia de China en la zona.

    En las comunidades lo que se maneja es que probablemente este es un primer acercamiento para ver el potencial minero que hay en la región y que probablemente si el resultado es positivo a los intereses de los inversionistas chinos, lo que va a haber es una expansión mayor de actividades mineras en algunos territorios indígenas en conflicto, donde ya hay presencia de minería artesanal controlada por colonos.

    Oro de sangre, sanciones y China

    A pesar de las sanciones impuestas por Estados Unidos, desde octubre 2022, a las exportaciones de oro en Nicaragua, el régimen continuó incrementando sus exportaciones de dicho metal, con USD263.6 millones en el segundo trimestre del presente año, 2.3 por ciento más que el mismo periodo del año anterior, revelan datos del Banco Central, eso, a pesar de la caída de 5.1% del total de exportaciones.

    Sin incluir la industria de zona franca, el oro se mantiene como el principal producto de exportación de Nicaragua durante el primer semestre de 2023, con USD530.3 millones comercializado, por encima, de los USD460 millones de café vendidos al mercado internacional.

    Secretismo con concesiones mineras en Caribe de Nicaragua

    El defensor ambiental Amaru Ruiz explicó a Expediente Público que se desconocen las concesiones mineras entre 2022 y 2023, porque se dejaron de publicar a través del Ministerio de Energía y Minas y de La Gaceta, el diario oficial.

    Se desconocen los cambios de dueños de esas concesiones y las coordenadas de las nuevas otorgadas, porque muchas de las empresas revenden los derechos a otras más grandes.

    “Nos hemos encontrado una de ellas en el Caribe Sur de Nicaragua. Hemos documentado que al menos 5 concesiones han sido otorgadas y 5 están en la tubería de ser dadas por el Consejo Regional. Y en el área de concesión de estas 5 otorgadas, hay más de 243,000 hectáreas”.

    ¿Cuánto ofrece pagar china por las tierras?

    Las que están en espera representan 188,000 hectáreas en Bocana de Paiwas a través de la empresa Calibre Mining, poniendo en peligro la cuenca del río Matagalpa. “El Caribe Sur se va a convertir en un nuevo nicho minero”, expresó Ruiz.

    “¿Entonces, ¿cómo nos damos cuenta? Porque la municipalidad de Puerto Cabezas publica en su agenda la entrega de la concesión. Hubo un conflicto de propiedad en el proyecto de Santa Rita donde la minera no quería pagar la indemnización a la tierra que iban a ser ocupada, y porque familias del Caribe Norte en una carta pública mencionan las empresas”.

    En junio de 2021, unas quince familias demandaron a la empresa por el desalojo en Anexo 19 de julio y barrio Los Ángeles del municipio de Rosita. 

    El activista consultado precisó que en general hay una un hermetismo en todo asunto público por parte del Gobierno, no solo en particular a la presencia en China, pero llama la atención que, en medio de una negociación por un acuerdo de libre comercio, también hubiera una visita de inversionistas chinos al Gobierno Regional en Bilwi.

    Los empresarios chinos se reunieron con el gobernador Carlos Alemán Cunningham. Pocos meses después aparecieron estas concesiones. El mismo funcionario fue invitado por las comunidades para explicar la situación y les dijo que ofrecieran de mil a cinco mil dólares por cada manzana de tierra arrendada, aseguró la fuente.

    Tres masacres y asesinatos selectivos

    El Consejo de Ancianos indicó que la violencia contra las comunidades no solo se limita a los enfrentamientos violentos, sino, que también reportan asesinatos selectivos contra líderes, atentados y nuevas capturas de indígenas, mientras los colonos siguen siendo protegidos por el Ejército y la Policía.

    Según recopilación del ambientalista Amaru Ruiz, en lo que va del año han sido asesinados cuatro comunitarios. En julio fue asesinado Serato Juwith Charly y el guardabosque Sergio Julian J. quien recibió dos impactos de bala en tórax y pecho.

    En abril comunitarios indígenas confirmaron el asesinato de Bernabé Palacios de la comunidad Alal, del territorio Mayangna Sauni As.

    Las bandas de colones llegaron a matar a un policía misquito en febrero. Alexander Urbina, se encontraba realizando labores de verificación de invasores en la comunidad de Shiminka, dentro del territorio Tasbaika Kum.

    Consejo de Ancianos registra ejecuciones

    Ruiz hizo referencia de otros asesinatos ocurridos en 2022. En mayo fue un líder comunitario Miskitu y su hijo, Gilberto Castro Hernández y David Castro Herrera del territorio Twi Waupasa, en la comunidad de Sukatpin, Puerto Cabezas.

    El Consejo de Ancianos también nombra ejecuciones hechas el año pasado contra comunitarios misquitos, entre ellos, Tránsito Melgara y su hijo Steadman, Thomas Pasquier, así como dos jóvenes de la comunidad de Lapan, quienes murieron por disparos en la espalda con escopeta.

    Tres masacres contra indígenas adjudicadas por las víctimas a bandas de colonos se han perpetrado en los últimos tres años. La más reciente fue el 11 de marzo en Wilú dentro de la reserva Bosawás, del territorio Mayangna Sauni As, donde unos 60 armados incendiaron la aldea y mataron a cinco comunitarios.

    En agosto de 2021, al menos, nueve personas fueron asesinadas en una mina de oro artesanal en Kiwakumbaih, y a finales de enero de 2020, un ataque en la comunidad Alal dejó el saldo de cuatro indígenas muertos.

    Bandas activas, guardabosques presos

    A pesar de la captura, a mediados de julio, del cabecilla de la banda de “Chabelo” Rafael Mendoza Escoto y de su cómplice Darling Dávila Escoto, señalados de cometer las masacres de Kiwakumbaih y Wilú, los otros miembros del grupo continúan libres.

    También siguen activas las bandas de Alcón y Los Miranda, según detalla una nota de prensa del 13 de agosto de la Plataforma de Pueblos Indígenas y Afro descendientes. 

    Ruiz explicó a Expediente Público que la captura fue producto de una denuncia de ganaderos que reportaban robos en la zona.

    El régimen mantiene a cuatro indígenas presos por la masacre de 2022 en  Kiwakumbaih, pero a ninguno de los colonos que participó en el crimen, con excepción de los dos cabecillas de la banda Chabelo. La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) ordenó a Nicaragua liberar a los cuatro comunitarios.

    Entre el 12 y 13 de agosto ocurrió una nueva captura de otros cuatro guardabosques comunitarios mayagnas del territorio de Sauni As en un operativo del Ejército y la Policía, donde uno de los detenidos fue trasladado desnudo en la madrugada del domingo.

    Los cuatro detenidos habían denunciado en varias ocasiones la venta y arriendo ilegal de tierras indígenas y concesiones mineras.

    El comunicado expresa que los indígenas no reciben el mismo trato que los colonos, ni siquiera que las bandas de delincuentes que trafican con tierras y que han asesinado a unos cincuenta indígenas misquitos y mayagnas en los últimos años.

    Saqueo en tierra y mar

    El Consejo de Ancianos también denunció la entrega de una cantidad indeterminada de bosque de pino para la extracción de resina, en el territorio de Twi Yabra a la empresa de capital vietnamita Vida Pine. Así como la pesca extensiva de pepino de mar, donde también se involucraron empresas asiáticas.

    Desde 2018 las acopiadoras asiáticas hicieron presencia en el Caribe Norte como Mariscos Central, Ana Lin, Compresa, Rey del Camarón y Kau Fei, las cuales trabajan con mucho hermetismo e incluso ni rótulos colocan en sus acopios, aunque se conocen porque contratan a buzos locales.

    El activista consultado explicó que el aprovechamiento de este producto complica más la situación porque el pepino de mar es fundamental en la vida de los ecosistemas marinos porque son organismos filtradores del agua.

    “Es preocupante, pero hay muy poca información sobre cuántas empresas, cuántas concesiones y qué nivel de volumen sacan”, indicó.

    Visite el artículo original en Expediente Público

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