Por César Eduardo Santos/Expediente Abierto
Las asimetrías existentes entre China y Rusia suponen un elemento para distinguir las capacidades de influencia de ambos países en América Latina. Mientras que la República Popular China es entendida como una potencia global en ascenso, provista de abundantes recursos financieros para capturar élites y acceder a sectores estratégicos dentro las naciones latinoamericanas –mediante proyectos de inversión, préstamos y “cooperación no reembolsable”, el alcance regional de la Federación Rusa suele evaluarse desde sus alianzas con gobiernos iliberales en campos muy específicos como el técnico-militar y el informativo.
Se sobreentiende, no sin razón, que una economía considerablemente menor a la de las potencias europeas, asimismo deteriorada por las sanciones occidentales tras la invasión a Ucrania, depende en gran medida de su fuerza militar y ciertas formas de poder incisivo que, a diferencia de China, no impliquen el gasto sistemático de billones de dólares en iniciativas de alcance global como la Franja y la Ruta. De ahí que determinadas estrategias de influencia regional, tales como las campañas (des)informativas del Kremlin a través de las plataformas RT, Sputnik y sus proxys locales, susciten el interés de centros de pensamiento, investigadores y periodistas. Aunque en menor medida, también lo hacen así las operaciones rusas de inteligencia que se despliegan con el apoyo de agregados diplomáticos en diversas embajadas del hemisferio –desde Ciudad de México hasta Brasilia.
Esto no implica que se considere a Rusia –en la opinión especializada– como un país incapacitado para ejercer poder duro en América Latina. Por el contrario, más allá de la manipulación de la opinión pública y la distribución masiva de propaganda, diversos actores ven preocupados la creciente cooperación militar entre Putin y sus más cercanos aliados regionales, es decir, las autocracias de Cuba, Venezuela y Nicaragua. Recientemente, estos hechos han sido denunciados por la prensa latinoamericana crítica de Moscú. Piénsese, por ejemplo, en el arribo, durante meses pasados, de submarinos rusos de propulsión nuclear a las costas cubanas, o en la llegada del buque Almirante Gorshkov a Venezuela. Lo mismo con el centro de espionaje instalado en la base militar de Mokorón en Managua, el cual vulnera la soberanía nicaragüense al ser operado exclusivamente por tecnología y manos rusas, según ha documentado el diario Confidencial.
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Pese a todo, la coerción económica que Rusia pueda ejercer en América Latina sigue pareciendo un asunto reservado a ciertos casos, donde regímenes y liderazgos iliberales dan la bienvenida al Kremlin en diversos espacios de influencia, gracias a la afinidad entre narrativas y modelos de gobernanza. Así, nos encontramos con las inversiones rusas en el sector energético de Bolivia –auspiciadas por los gobiernos del Movimiento al Socialismo, la explotación de hidrocarburos en Venezuela y las redes de corrupción ahí facilitadas por Rusia a través de oligarcas, funcionarios y altos mandos militares.1
En Centroamérica, aunque son visibles los estrechos vínculos del Kremlin con el régimen Ortega-Murillo en Nicaragua y, durante los últimos años, con el Gobierno de Xiomara Castro en Honduras, las relaciones económicas de ambos países con Moscú se califican de insubstanciales, como ha afirmado para Expediente Abierto el internacionalista Vladimir Rouvinski. Según hemos vislumbrado, la cooperación ruso-centroamericana se reduce en la mayoría de los casos a alianzas militares, acuerdos en materia comunicacional y, en último término, a respaldo diplomático en instancias multilaterales. Mucho ya se ha hablado, por ejemplo, sobre la renuencia de Managua y Tegucigalpa para condenar la invasión rusa de Ucrania en espacios como Naciones Unidas y la Organización de Estados Americanos.
Sin contradecir a esta perspectiva, pero sí profundizando en ella, el Centro para el Estudio de la Democracia (CSD, por sus siglas en inglés) ha presentado recientemente su informe Global Reach. The Kremlin Playbook in Latin America (2024, Center for the Study of Democracy, 104 pp.), el cual ofrece abundante evidencia sobre el influjo económico que Rusia mantiene en la zona, a través de diversos países, negocios y redes. Para el caso más específico de Centroamérica, esta investigación anuncia algunos hallazgos interesantes que obligan a replantearnos, en cierta medida, los análisis existentes sobre el papel del Kremlin en la región y sus mecanismos de penetración en las estructuras político-económicas locales.
Sin obviar el caso de Nicaragua, donde Rusia “ha forjado lazos cercanos con la administración de Ortega, proveyendo asistencia económica, entrenamiento militar y apoyo de inteligencia”, buscando asimismo “ejercer influencia sobre las dinámicas regionales de seguridad y contrarrestar los intereses de EE. UU.”, el informe del CSD presta particular atención a los vínculos ruso-panameños. En su condición de centro financiero global, Panamá ha servido al Kremlin como un “mecanismo clave para evadir sanciones internacionales”, convirtiéndose también en un importante receptáculo de inversión rusa proveniente de oligarcas cercanos al Gobierno de Putin. Por tales razones, el país istmeño es identificado por el CSD como “crecientemente vulnerable a una coerción autoritaria extranjera más fuerte”.
Entre otros pormenores, el informe en cuestión señala la existencia, hasta julio de 2024, de 74 compañías rusas con propietarios panameños, muchas de las cuales mantienen conexiones con entidades del Estado ruso. Una de ellas, Publishing House AST LLC, se encuentra sancionada por el Gobierno de Ucrania debido a la distribución mediática de diversos contenidos antiucranianos. Otra de ellas, la productora de dispersiones acuosas Akrilan LLC, tiene participación en la estatal rusa de nanotecnología Rusnano, la cual enfrenta sanciones del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.
Rusia también ha dejado “una profunda huella en el sector energético de Panamá”, a través de compañías como Energolatina, subsidiaria de Energomashexport Corporation LLC, con base en Moscú. Energolatina, a la vez que mantiene lazos con empresas rusas sancionadas por Estados Unidos, como JSC Power Machines, es liderada por oligarcas del gigante euroasiático. Por ejemplo, Yury Igorevich Vereemenko, quien también es CEO de otras compañías con base en Latinoamérica y Europa. De tal manera, afirma el CSD, “la estructura corporativa de los negocios de Energolatina revela que una de las formas en las cuales entidades rusas evaden sanciones es usando a sus actuales o anteriores propietarios como dueños de iure de sus subsidiarias”.
Además de Panamá, el estudio desarrollado por el CSD revela algunas de las operaciones rusas en Costa Rica y Guatemala. En el primer caso, la compañía Fintech Punto Pago, fundada por Andrey Gorsky y con inversión del gigante financiero ruso FINAM, desarrolla “ciertas operaciones no especificadas”, las cuales podrían estar aprovechando el poco regulado entorno financiero digital de algunos países centroamericanos. En Guatemala, por su parte, se han detectado inversiones indirectas de capital ruso. En 2011, el director para América Latina del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia anunció personalmente el acuerdo para adquirir a la estatal Guatemalteca de Níquel por 170 millones de dólares, a través de la compañía registrada en Suiza Solway Investment Company. Presumiblemente, estos negocios fueron suspendidos “en medio de una investigación a gran escala sobre posibles operaciones de lavado de dinero” por parte de los rusos.
La influencia del Kremlin en la economía centroamericana excede, pues, a los apenas significativos intercambios comerciales con los países de la región. Esto no implica, por otro lado, la existencia de niveles considerables de inversión rusa en Centroamérica, o bien, de formas de cooperación más relevantes que algunas transferencias de armamento y el acceso a medios propagandísticos como RT. Sin embargo, allende al afianzamiento de redes autocráticas con Managua, Moscú ha logrado penetrar en algunos sectores estratégicos de las economías centroamericanas –como en el caso de Panamá, instrumentalizando brechas de todo tipo para evadir las sanciones impuestas desde Occidente a sus oligarcas y empresas estatales, tal cual lo demuestra en su informe el Centro para el Estudio de la Democracia.
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- Véase, por ejemplo, Cardozo Uzcátegui, A., & Mijares, V.M. (2019). Los lazos de corrupción entre Rusia y Venezuela. Una alianza con otros medios. Foreign Affairs Latinoamerica 19(2), 64-74. ↩︎