Impunidad, persecución y muerte
En los últimos años la violencia contras las mujeres y comunidades indígenas en Honduras y Nicaragua se mantiene como uno de los conflictos sociales más notables contra grupos específicos en la región y se hacen todavía más visibles por los discursos de figuras de alto poder en la función pública como la presidenta Xiomara Castro o como sucede en el régimen bajo el control de Rosario Murillo.
La violencia contra las mujeres, con su mayor expresión en los femicidios, se ve abonada también por la violencia estatal, por ejemplo, con la cancelación de organizaciones feministas en Nicaragua o la falta de persecución judicial contra los delitos relacionados a género o violencia doméstica, lo cual genera en Honduras una enorme impunidad.
Del mismo modo, el olvido histórico de los indígenas y comunidades caribeñas se disculpa desde el Estado con legislaciones ambiciosas, pero una falta de inversión pública para eliminar las fronteras sociales y económicas entre los grupos étnicos empobrecidos y el Estado.
Además, el Estado favorece la intervención en territorios indígenas y afrodescendientes de actores económicos que con violencia desalojan de sus territorios históricos a comunidades enteras, donde se cuentan algunas masacres apoyadas por grandes capitales y colonos.
La última masacre del 11 de marzo de 2023 en la comunidad indígena mayangna Wilú, ubicada en la zona núcleo de la Reserva de la Biósfera Bosawas, en Nicaragua, fue ejecutada por aproximadamente 60 personas no indígenas fuertemente armadas, y dejó cinco muertes de comunitarios mayangnas de entre 20 y 45 años de edad.
Expediente Abierto, a través de su Programa de peridismo de investigación Expediente Público (www.expedientepublico.org), ha documentado extensamente estas experiencias y visitado el Caribe para reconocer in situ las amenazas permanentes a la existencia de comunidades indígenas y afrodescendientes.
En una primera parte de esta revista, se analiza el papel estatal en la invasión de tierras comunitarias y la falta de protección a los grupos étnicos del Caribe y el tercer punto apunta a reportajes sobre los intereses económicos y del narcotráfico en estos territorios centroamericanos.
Una segunda parte aborda la impunidad contra la violencia permanente en Honduras, las trampas jurídicas en El Salvador y se analizan las razones de la persecución estatal en Nicaragua contra las organizaciones feministas.