Por Gerardo Berthin y Alejandra Argueta
Después de retirarse del Ejército Sandinista de Nicaragua en 1991, Roberto Samcam comenzó a pronunciarse contra el gobierno de Daniel Ortega. Pero fue en 2018, cuando Ortega desató una sangrienta represión contra el movimiento opositor del país, que el peligro llegó hasta la propia puerta de Samcam: paramilitares acudieron a su casa para buscarlo y, temiendo por su seguridad, huyó a Costa Rica. Desde el exilio, Samcam continuó denunciando enérgicamente la represión política y el ataque autoritario contra las libertades civiles en Nicaragua hasta el 19 de junio de 2025, cuando fue asesinado a tiros en su domicilio en San José. Su muerte ha sido ampliamente condenada como un asesinato selectivo orquestado por las autoridades nicaragüenses.
El asesinato de Samcam supuso un golpe devastador para la comunidad nicaragüense de derechos humanos y un acto flagrante de represión transnacional (RT): la práctica mediante la cual los gobiernos actúan más allá de sus fronteras para silenciar la disidencia de defensores de derechos humanos, periodistas y otras personas exiliadas. Las tácticas de la represión transnacional son alarmantes: asesinatos, agresiones, amenazas creíbles, secuestros, detenciones, coacción contra familiares y vigilancia física y digital.
Freedom House mantiene la base de datos más completa del mundo sobre incidentes físicos de represión transnacional. Nuestra investigación muestra que, desde 2014, al menos 54 gobiernos —más de una cuarta parte de todos los gobiernos del mundo— han intentado silenciar a disidentes en más de 100 países de acogida. Y aunque Freedom House ha identificado a Nicaragua, Cuba y Venezuela entre los Estados perpetradores, la investigación sobre la represión transnacional en América Latina sigue siendo limitada, incluso mientras aumenta la amenaza contra los exiliados.
El caso de Nicaragua
La amenaza de represión transnacional ejercida por el veterano dictador nicaragüense Daniel Ortega y su esposa y ahora «copresidenta», Rosario Murillo, está aumentando a medida que el agravamiento de la represión empuja a más nicaragüenses al extranjero. Incapaz o sin voluntad de proporcionar oportunidades y servicios básicos a sus ciudadanos, el régimen ilegítimo se mantiene en el poder sofocando cualquier forma de protesta u oposición. En la práctica, esto significa utilizar la fuerza del Estado para atacar a la sociedad civil, promotores de la democracia, medios independientes, figuras de la oposición y defensores de derechos humanos, incluidos aquellos que se encuentran en el exilio.
Según la investigación de Freedom House, al menos 20 casos de represión transnacional física y directa, incluidos asesinatos, intentos de asesinato, agresiones y amenazas creíbles, pueden atribuirse a las autoridades nicaragüenses. Estas también emplean tácticas coercitivas como la intimidación de familiares de activistas exiliados, la denegación de pasaportes y servicios consulares a los exiliados y sus familias, la confiscación de propiedades y las campañas de difamación destinadas a silenciar a los críticos del régimen.
Una táctica particularmente cruel consiste en liberar a presos políticos bajo la condición del exilio forzado. En un caso extremo, 222 presos políticos —entre ellos periodistas, políticos, miembros del clero y estudiantes— fueron liberados de Nicaragua y enviados a Estados Unidos en 2023. Tras su liberación, el régimen los despojó de su nacionalidad e identidad nicaragüenses, desterrándolos de facto. Actualmente, más de 350 antiguos presos políticos y 95 nicaragüenses exiliados han dejado de existir en los registros oficiales y civiles del país. Sus propiedades, activos y pensiones fueron confiscados, imposibilitando que ellos o quienes permanecen en Nicaragua puedan reclamarlos o heredarlos.
El aumento de la represión durante las últimas dos décadas en Nicaragua, especialmente desde la ofensiva sostenida contra el espacio cívico iniciada en 2021, ha provocado un éxodo masivo. La organización de derechos humanos Colectivo Nicaragua Nunca Más informó que aproximadamente el 13 % de la población abandonó el país entre 2018 y 2024. El Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua de Naciones Unidas determinó que, para finales de 2025, aproximadamente 342.000 nicaragüenses solicitaban asilo en el extranjero. Mientras los defensores de derechos buscan refugio y formas de mantenerse vinculados al movimiento de derechos humanos en Nicaragua, continúan expuestos al poder coercitivo del gobierno de su país de origen.
Contra todo pronóstico, la lucha continúa
Las décadas de trabajo de Roberto Samcam denunciando los abusos del régimen nicaragüense le costaron su hogar y, finalmente, su vida. Sin embargo, su viuda exiliada, Claudia Vargas, continúa defendiendo la verdad, la justicia y las aspiraciones democráticas del pueblo nicaragüense. Apenas unas semanas después de la muerte de su esposo, Vargas denunciaba la represión transnacional del régimen ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Ha continuado valientemente su labor junto con la Fundación Arias para la Paz y el Progreso Humano de Costa Rica y presenta regularmente su caso ante medios internacionales. Son decisiones que implican riesgos considerables a la luz del asesinato de Samcam.
Vargas forma parte de una valiente, aunque asediada y escasa de recursos, comunidad de defensores nicaragüenses de derechos humanos en el exilio que trabaja para restaurar la democracia en su país. Desde países como Costa Rica, España y Estados Unidos, documentan violaciones sistemáticas de derechos humanos y actos de represión por motivos políticos. Monitorean el deterioro de las instituciones y del Estado de derecho, intervienen en medios de comunicación y foros internacionales y ayudan a otros nicaragüenses exiliados cuyas vidas están marcadas por la pesada carga de posiblemente no volver a ver nunca su país.
Los riesgos de la represión transnacional no hacen sino aumentar a medida que el régimen Ortega-Murillo adopta medidas extremas para afianzar su control del poder y preparar el terreno para un sistema de sucesión dinástica similar al de Corea del Norte. Sin embargo, el problema de la represión transnacional en las Américas no se limita a Nicaragua: la amplia capacidad de vigilancia del régimen cubano le permite rastrear, intimidar y hostigar a activistas en todo el mundo; el secuestro y asesinato en Chile del disidente Ronald Ojeda, antiguo teniente primero de las Fuerzas Armadas venezolanas, constituye otro ejemplo estremecedor.
Los esfuerzos de la comunidad internacional para contrarrestar las tácticas en constante evolución de la represión transnacional deben avanzar al mismo ritmo —y, en última instancia, superarlas— que la creciente cooperación autoritaria. Una respuesta eficaz requiere una cooperación internacional sostenida para compartir información, identificar las redes que facilitan y ejecutan la represión transnacional y coordinar acciones. Y, de manera crucial, exige apoyar a los defensores de derechos humanos, periodistas y disidentes exiliados que han experimentado directamente estas amenazas y se encuentran en una posición privilegiada para contribuir al diseño de respuestas.
El objetivo último debe ser garantizar que quienes ejercen la represión transnacional rindan cuentas y que las personas en riesgo puedan continuar su labor desde el exilio de manera segura, con sus derechos a la libertad de expresión y de asociación efectivamente protegidos. Es mediante el trabajo de personas como ellas que Nicaragua y otros países sometidos a regímenes represivos podrán algún día volver a ser libres.
Gerardo Berthin es presidente de Freedom House. Alejandra Argueta es directora de programas para América Latina y el Caribe de Freedom House.
Este artículo fue publicado originalmente como parte de Resilience & Resistance, una serie de blogs de la Charles F. Kettering Foundation que reúne las perspectivas de líderes de opinión y profesionales que trabajan para ampliar y fortalecer democracias inclusivas en todo el mundo.
