El 3 de noviembre, el Banco Central del Paraguay anunció el cierre de Ueno Bank, la entidad bancaria con mayor número de clientes del país, después de que su índice de solvencia cayera por debajo de la mitad del mínimo legal. Tres días después, el Senado votó por 44 votos a cero para destituir al presidente Santiago Peña, en el primer juicio político presidencial del país desde 2012, y este permanece detenido desde aquella noche. El episodio puso al descubierto graves fallas de gobernanza y supervisión, pero también muestra cómo la lucha contra la corrupción puede servir a intereses facciosos. Sigue sin resolverse si Paraguay saldrá de la crisis con instituciones más sólidas o simplemente con una nueva distribución del poder.
El colapso afectó a hogares de todo Paraguay. Ueno declaró 2,9 millones de clientes, equivalentes a cerca del 60 % de la población adulta del país, muchos de los cuales antes no estaban bancarizados. El banco también mantenía aproximadamente 850 millones de dólares en fondos públicos, incluidos 355 millones del Instituto de Previsión Social, que pagaba las pensiones de unos 32.000 jubilados a través de la entidad. La crisis provocó el cierre definitivo de la plataforma de transporte MUV y dejó sin actividad a unos 3.000 conductores.
En un primer plano, el escándalo ilustra cómo la corrupción y la debilidad institucional pueden amenazar la prosperidad y la estabilidad de América Latina. Paraguay ocupa el puesto 150 entre 182 países en el Índice de Percepción de la Corrupción de 2025 de Transparencia Internacional. La Fiscalía ha imputado a 27 personas por préstamos que Ueno presuntamente canalizó hacia empresas vinculadas con su grupo controlador, el Grupo Vázquez. El fundador y primer vicepresidente de Ueno, Federico Miguel Vázquez Villasanti, y su presidente, Juan Manuel Gustale Cardoni, se encuentran en prisión preventiva.
La supervisión también falló. Los supervisores bancarios habían ordenado a Ueno desprenderse de sus préstamos a empresas vinculadas, pero el Banco Central encontró indicios de que la compañía que los adquirió, también perteneciente al grupo, había sido financiada por el propio banco. El expresidente del Banco Central Carlos Carvallo había dirigido Financiera Ueno, antecesora de la entidad, hasta 2023, cuando pasó directamente a la institución encargada de supervisarla. Carvallo sostiene que se abstuvo de participar en las decisiones relacionadas con el banco, pero desde entonces ha sido imputado y detenido. Peña fue socio comercial del Grupo Vázquez hasta marzo de 2025 y ahora enfrenta cargos, entre ellos el de lesión de confianza, que niega.
En un segundo plano, la crisis ilustra cómo las acusaciones de corrupción pueden convertirse en instrumentos de confrontación política, incluso cuando las irregularidades subyacentes son reales. Peña debía su ascenso a su antiguo mentor, el expresidente Horacio Cartes, quien dirige el gobernante Partido Colorado. Sin embargo, para octubre su alianza se había fracturado, mientras Peña y el vicepresidente Pedro Alliana construían una facción propia.
El 5 de noviembre, Cartes respaldó el juicio político, afirmando que permitiría volver a encauzar las instituciones del país. Los legisladores colorados se unieron entonces a la oposición para destituir a Peña, pero evitaron la destitución de Alliana, quien figuraba en la misma solicitud de juicio político. El nuevo vicepresidente, Antonio Barrios, médico personal y confidente de larga data de Cartes, elogió a este último durante su juramentación. El Senado, que había rechazado los candidatos de emergencia propuestos por Peña para el Banco Central, confirmó en un plazo de tres días al economista Jorge Schreiner, elegido por Alliana.
Nada de esto demuestra que Cartes haya orquestado la intervención del banco o la destitución de Peña, y la distinción es importante. Una investigación legítima sobre irregularidades financieras no constituye prueba de una maniobra política coordinada. Sin embargo, cuando los beneficiarios de la caída de un presidente son tan visibles, la credibilidad del proceso depende de que fiscales y jueces puedan demostrar su independencia.
Existen, no obstante, motivos para un optimismo cauteloso. Para el 9 de noviembre, el fondo de garantía de depósitos había entregado anticipos a 1,74 millones de los aproximadamente 1,87 millones de depositantes elegibles. Se espera que cerca del 97 % de los depositantes de Ueno queden completamente protegidos. Moody’s considera que el riesgo sistémico puede contenerse si la resolución es rápida y ordenada. La sucesión constitucional, aunque apresurada, se mantuvo.
Los riesgos siguen siendo reales. La garantía cubre apenas alrededor del 30 % del valor de los depósitos de Ueno, lo que deja a los grandes ahorradores, las empresas y las instituciones públicas, incluido el fondo de pensiones, ante la incertidumbre sobre la recuperación del resto. Tampoco debe confundirse la sucesión constitucional con la rendición de cuentas, que depende de que los tribunales determinen responsabilidades sobre la base de pruebas y no de conveniencias políticas, así como de reformas que corrijan las fallas de supervisión que dieron origen a la crisis.
Paraguay conserva ventajas considerables. Su entorno macroeconómico relativamente estable, su orientación favorable a los negocios, sus costos laborales competitivos y la abundante energía hidroeléctrica de Itaipú y Yacyretá han contribuido a atraer inversiones, incluido un creciente interés por los centros de datos y otras industrias intensivas en energía. Su geografía también le confiere importancia estratégica. Paraguay ocupa una posición central en Sudamérica, con acceso al Atlántico a través del sistema fluvial Paraguay-Paraná y una conectividad creciente mediante el Corredor Bioceánico de Capricornio. Su pertenencia al MERCOSUR refuerza, además, su relevancia para el comercio regional.
Paraguay también es el único aliado diplomático que le queda a Taiwán en Sudamérica, lo que hace que su estabilidad política sea especialmente importante para Washington y Taipéi. El 10 de noviembre, Taiwán informó que su embajador había felicitado a Alliana y que los proyectos de cooperación continuarían. Con Luiz Inácio Lula da Silva reelegido en Brasil, es probable que aumente el valor de Paraguay para Washington como socio estable.
Sin embargo, esa relación afronta nuevas complicaciones. Los demócratas controlarán ambas cámaras del Congreso a partir de enero, y es probable que el trato de la administración Trump a figuras latinoamericanas controvertidas sea objeto de escrutinio. En 2023, el Departamento del Tesoro sancionó a Cartes, aludiendo a una «corrupción desenfrenada que socava las instituciones democráticas». La administración levantó esas sanciones en octubre de 2025, dos meses antes de que el presidente Donald Trump indultara al expresidente hondureño Juan Orlando Hernández. Si Cartes sale de la crisis con un control más firme del partido gobernante, Washington podría quedar atrapado entre su valoración de un aliado confiable y una renovada preocupación por la corrupción y la rendición de cuentas.
La importancia de Paraguay para Estados Unidos no debería depender de la suerte de políticos individuales ni servir de excusa para pasar por alto las debilidades de su gobernanza democrática. El desafío de Paraguay consiste en convertir la crisis en reformas duraderas, en lugar de una mera reorganización del poder; el de Washington, en valorar a un aliado de larga data mientras exige rendición de cuentas y una supervisión financiera más sólida. La verdadera demostración de resiliencia de Paraguay no será la rapidez con que reemplazó a un presidente o contuvo un colapso bancario, sino su capacidad para salir de la crisis con instituciones más merecedoras de la confianza de sus ciudadanos y sus socios internacionales.
