En el diálogo «Nicaragua en la mira», organizado por Expediente Abierto, especialistas coincidieron en que la audiencia en el Senado de Estados Unidos, el rechazo a la nueva embajadora y la resolución de la OEA abren una fase de presión más articulada sobre el régimen Ortega-Murillo, pero descartan cambios en el corto plazo.
La semana pasada, Nicaragua volvió al centro de la agenda hemisférica. En pocos días, el Senado estadounidense celebró una audiencia sobre la crisis del país, Managua rechazó a la embajadora Natasha Franceschi horas después de su confirmación y la OEA aprobó por consenso una resolución que exige elecciones libres y la liberación de los presos políticos.
¿Punto de inflexión o un episodio más de presión internacional? Esa fue la pregunta que guió la conversación con María Asunción Moreno Castillo, jurista y doctora en Derecho por la Universidad de Alcalá; María Fernanda Bozmoski, directora de Impacto y Operaciones y líder para Centroamérica del Atlantic Council; y Manuel Orozco, director del Programa de Migración, Remesas y Desarrollo del Diálogo Interamericano.
Tres carriles que convergen
El 30 de septiembre, el Subcomité para el Hemisferio Occidental del Senado de Estados Unidos realizó la audiencia «La crisis política de Nicaragua: el asalto de Ortega a la democracia», donde se impulsó el Nica Act 3.0, un proyecto bipartidista para ampliar las sanciones contra el régimen.
Lo novedoso de la semana, a juicio de María Feernanda Bozmoski, es que tres procesos que «iban en tres carriles separados» terminaron por coincidir. La audiencia, la primera del Senado sobre Nicaragua en 38 años según la analista, mostró al republicano John Curtis y al demócrata Tim Kaine de acuerdo en el diagnóstico: el deterioro democrático, los presos políticos, la represión transnacional y la influencia de Rusia, China, Irán y Cuba. Hay «consenso sobre el problema, quizás no tanto sobre el remedio», destacó.
Esa coincidencia entre partidos es, para Manuel Orozco, la mejor noticia. El Nica Act 3.0 «es más de lo mismo, y eso es muy positivo», dijo, porque Nicaragua es uno de los pocos temas de política exterior que reúne a demócratas y republicanos. Los proyectos, que serán reintroducidos en el próximo Congreso apuntan a límites a la inversión, nuevas sanciones y restricciones al financiamiento externo. En la misma línea, María Asunción Moreno describió el paso «de una transición de condenas a una nueva fase» de acción colectiva, aunque aclaró que el momento decisivo llegará cuando la presión escale a sanciones financieras e investigaciones penales internacionales.
Un portazo con mensaje
El mismo 30 de septiembre, el Senado confirmó a la diplomática de carrera Natasha Franceschi como embajadora en Managua, un cargo vacante desde 2023, pero el régimen le negó el beneplácito, según anunció el subsecretario de Estado Christopher Landau. No es la primera vez: en 2022, Managua ya le había retirado el beneplácito a Hugo Rodríguez, el anterior nominado de Washington.
Detrás del rechazo a Franceschi hay, según Moreno, «un mensaje de cierre de diálogo» y un gesto de autoaislamiento frente al principal socio comercial del país. Bozmoski llevó esa lectura más lejos: «Los dictadores no huyen de lo que no temen», señaló, y este «le teme al diálogo». Como respuesta, la analista propuso nombrar a otra persona y apostar por sanciones institucionales antes que individuales, como las aplicadas en Cuba contra el conglomerado militar GAESA, o apuntar a la industria del oro.
El costo de ese portazo, advirtió Orozco, lo pagarán tanto la dictadura como la población, en un contexto marcado por la revisión del CAFTA-DR y la investigación comercial 301, que entrará en vigor en enero. Cerrar cualquier canal de comunicación, agregó, no crea oportunidades de cambio en el corto plazo.
La resolución de la OEA
El 2 de octubre, en la primera reunión de cancilleres sobre Nicaragua desde que el país abandonó la OEA en 2023, los Estados miembros aprobaron por consenso una resolución que exige elecciones libres, la liberación de los presos políticos y la restitución de la nacionalidad, y crea un grupo ministerial de seguimiento.
La resolución de la OEA funciona como «un blindaje jurídico», explicó Moreno, porque la salida del organismo no libera al Estado nicaragüense de sus obligaciones en derechos humanos. Por primera vez desde 2018, destacó, el texto crea un mecanismo de seguimiento con plazos concretos y un canal para documentar los delitos de cara a la justicia.
Que la resolución fuera unánime fue para Bozmoski un hecho excepcional. Brasil, que en agosto había votado en contra de convocar la reunión, y México, que se había abstenido, terminaron por acompañar el consenso, aun con las reservas de Brasil y Uruguay sobre el lenguaje de seguridad hemisférica. La analista también señaló una paradoja: la OEA crea un grupo ministerial para dialogar con Managua justo cuando el régimen cierra la puerta a Washington. Orozco puso el foco en otro aspecto. En las 17 resoluciones aprobadas desde 2018, es la primera vez que el texto reconoce a los grupos cívicos nicaragüenses, dentro y fuera del país, como parte de la salida. «El sistema multilateral fue diseñado para deliberar, y con Nicaragua lo que tiene son monólogos», resumió.
Lo que viene
Las tendencias de los próximos meses no favorecen a la dictadura, coincidieron los panelistas. Orozco describió el desgaste del círculo de poder y una economía en descenso, con exportaciones que solo crecen por el precio del oro, remesas en desaceleración y un financiamiento externo que se achica porque «nadie les quiere prestar, ni China». Frente a ese escenario, Bozmoski anticipó mayor aislamiento y pidió una presión coordinada que sume a Europa y a los vecinos inmediatos, en especial a Costa Rica, donde los exiliados «no están seguros». Sobre la complacencia de El Salvador y Honduras fue tajante: «da vergüenza».
Una negociación genuina en los próximos seis meses es improbable, según Moreno. El desafío, sostuvo, pasa por una presión que golpee «la sostenibilidad financiera y el aparato represivo» sin asfixiar a la población, junto con avances en la justicia universal.
Una etapa que recién empieza
La conclusión fue compartida: la semana pasada no marcó todavía un punto de inflexión, pero sí el paso de las condenas genéricas a una nueva fase de presión, más articulada y con plazos concretos. Los especialistas coincidieron en que hoy existe una arquitectura para sostener esa presión, con un consenso hemisférico sobre la gravedad de la crisis, el respaldo bipartidista en Washington y el reconocimiento de la sociedad civil nicaragüense como parte de la salida. También coincidieron en que no hay vuelta atrás, aunque el camino será largo. La presión deberá ser gradual, coordinada y sostenida, y sumar a Europa y a los vecinos centroamericanos, para golpear al régimen sin asfixiar a la población. Los cambios, advirtieron, no llegarán en los próximos seis meses, pero el escenario que se abre ya no es el mismo.
