Orlando J. Pérez y Randy Pestana

La primera institución a la que la Asamblea Nacional de Nicaragua convocó para pronunciarse sobre la reforma constitucional que pone fin a las elecciones competitivas fue el Ejército. El 29 de julio de 2026, el general Julio César Avilés compareció ante la Comisión Especial de Carácter Constitucional y manifestó el firme respaldo del Ejército de Nicaragua a un paquete de reformas que disuelve la base electoral de la autoridad civil a la que sirve. Avilés habló en nombre de la Comandancia General, el Consejo Militar y las fuerzas terrestre, naval, aérea y de reserva bajo su mando. Cinco años antes, durante la ceremonia que dio inicio a la distribución de las boletas para las elecciones de 2021, el mismo oficial había comprometido a 15,000 efectivos para proteger 634 sitios y había dicho al país que el Ejército respetaba el voto de un pueblo soberano y que no le correspondía declarar quién había ganado.

Lo que cambió entre esos dos momentos debería ocupar la atención de Washington, porque la respuesta determinará quién gobernará Nicaragua cuando Daniel Ortega y Rosario Murillo ya no estén. El Ejército de Nicaragua ha asociado su nombre a reformas que eliminan el fundamento electoral de la autoridad a la que constitucionalmente está obligado a obedecer. Quien herede este Estado solo podrá controlarlo con el consentimiento del Ejército, porque ninguna otra institución es lo suficientemente fuerte como para sostener a un sucesor.

Pérez ha estudiado las fuerzas armadas centroamericanas desde principios de la década de 1990 y ayudó a desarrollar la serie de encuestas que siguió la evolución de la confianza de los nicaragüenses en las fuerzas armadas, desde su ascenso hasta su desplome. Pestana se desempeñó como director de país para Asuntos del Hemisferio Occidental en la Oficina del Secretario de Defensa y fue coautor de la evaluación de 2017 sobre la cultura militar nicaragüense que continúa utilizándose como referencia entre las audiencias de defensa estadounidenses.

Lo que respaldó el Ejército

Ortega puso en marcha este proceso el 19 de julio de 2026, durante el acto conmemorativo del 47.º aniversario de la Revolución Sandinista. Tras 61 días fuera de la vista pública —igualando la ausencia más prolongada de su presidencia— anunció que Nicaragua dejaría de celebrar elecciones. El presidente de la Asamblea Nacional, Gustavo Porras, matizó la declaración tres días después, pero sin revertirla: las elecciones continuarían bajo un marco constitucional que permite al gobierno excluir a figuras y partidos de oposición que considere desleales o respaldados desde el extranjero. La copresidencia remitió un proyecto de reformas a la Asamblea Nacional y al Consejo Supremo Electoral pocos días después. La Asamblea examinó el texto el 1 de septiembre de 2026, durante una sesión especial en León, y los diputados aprobaron por unanimidad ocho artículos reformados en la primera de las dos legislaturas que exige la Constitución. Una segunda votación en 2027 completará su aprobación.

Entre las disposiciones respaldadas por Avilés figura una que extiende a siete años renovables todos los cargos electos y ratificados de Nicaragua, con aplicación retroactiva a quienes actualmente los ocupan, incluido su propio mando, la jefatura de la Policía y la propia copresidencia. Otra otorga al Consejo Supremo Electoral la facultad de cancelar la personalidad jurídica de cualquier partido que acepte financiamiento extranjero o promueva sanciones contra el país. Una tercera, incorporada mediante votación a mano alzada durante una sesión especial el 22 de agosto de 2026, establece en el artículo 12 que ninguna ley, sentencia o resolución extranjera tendrá validez o jurisdicción dentro de Nicaragua. Esta última disposición funciona como un seguro frente a lo que Washington y la Organización de los Estados Americanos decidan hacer a continuación. Fue aprobada tres días después de que el Consejo Permanente de la OEA votara a favor de convocar una reunión de cancilleres del hemisferio sobre Nicaragua.

Estas reformas repercuten con mayor fuerza sobre el Ejército que sobre las elecciones nicaragüenses. Después de todo, el régimen encarceló a siete candidatos presidenciales antes de las elecciones de 2021, y nadie confundió aquel proceso con unas elecciones libres, justas o competitivas. Sin embargo, las elecciones todavía proporcionaban una fachada de legalidad que permitía a las fuerzas armadas mantener su apego al Código Militar de 1994 —posteriormente incorporado por la Asamblea Nacional a la Constitución—, que define al Ejército como subordinado a una autoridad civil emanada de elecciones. El código orgánico del Ejército le asigna además la misión permanente de apoyar al Consejo Supremo Electoral, y cuatro soldados del Batallón Ecológico de Bosawás murieron cumpliendo esa misión cerca del río Bambana en noviembre de 2021. Un cuerpo de oficiales que alguna vez defendió a un gobierno electo ahora hace valer la autoridad de una familia que ha dejado claro que pretende permanecer en el poder.

Un pilar de la supervivencia del régimen

La distancia que ha recorrido el Ejército desde 2006 se hace evidente tanto en lo que ha aceptado hacer como en aquello que ha tolerado. En abril de 2025, el Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua de las Naciones Unidas identificó a 54 funcionarios responsables de la represión posterior a las protestas de abril de 2018. Once de ellos eran militares: seis generales y cinco coroneles del alto mando, incluido Avilés.

El comunicado de la institución del 12 de mayo de 2018, tres semanas después de iniciadas las muertes, respaldó la búsqueda gubernamental de una solución mediante el diálogo y no dijo nada sobre los civiles armados que entonces operaban junto con la Policía. Un estudio forense sobre el arsenal paramilitar identificó armas militares en manos de esos grupos. La afirmación adicional de que estas procedían de los arsenales del Ejército se sustenta en testimonios de oficiales bajo seudónimo que ninguna investigación independiente ha corroborado.

Durante una ceremonia de la Fuerza Aérea el 21 de abril de 2018, Avilés calificó la crisis como una situación grave que afectaba a todos los nicaragüenses y, a continuación, invocó el carácter apolítico de su institución como razón para dejar la respuesta en manos de otros. Las reformas constitucionales de 2025 modificaron el Código Militar para convertir a Rosario Murillo en cojefa suprema junto con su esposo, Daniel Ortega, y Avilés confirmó públicamente el acatamiento del Ejército. Otra reforma extendió el mandato del general Avilés hasta febrero de 2031, mientras que la reforma aprobada el 1 de septiembre lo prolongaría un año más, dejándolo al mando durante 22 años.

Junto a esta autoridad de mando existe una arquitectura financiera que vincula a la institución de manera igualmente estrecha. El fondo de pensiones del Ejército, el Instituto de Previsión Social Militar, se ha convertido en uno de los mayores grupos empresariales de propiedad militar del país, con participaciones en los sectores de la construcción, comercio minorista, farmacéutico, educación superior y bienes raíces. Ningún comandante ha publicado una auditoría desde que Joaquín Cuadra lo hizo tras asumir el mando en 1995.

El gasto en defensa cayó durante dos años después de 2020 y desde entonces se ha recuperado hasta situarse aproximadamente una cuarta parte por encima de aquel punto mínimo, aunque en términos reales continúa por debajo del nivel de 2015. El número de efectivos se ha mantenido estable durante todo este periodo. En 2024, el 99 por ciento del presupuesto del Ejército se destinó a gasto corriente, dejando prácticamente nada para el equipo y la infraestructura que normalmente financia un presupuesto de defensa. Esas propiedades elevan el costo de cualquier transición que pudiera poner en riesgo al fondo y los ingresos de jubilación de los oficiales, independientemente de las preferencias individuales de estos.

A pesar de todos sus esfuerzos por asegurarse el respaldo del Ejército, Ortega y Murillo actúan como si no estuvieran seguros de su lealtad. Las reformas al Código Militar de marzo de 2025 otorgaron explícitamente a la Presidencia la facultad de nombrar y destituir al comandante en jefe. Dos meses después, agentes de la Dirección de Auxilio Judicial detuvieron al general de brigada retirado Álvaro Baltodano en su finca de Matagalpa, y un tribunal lo condenó por traición en un proceso sumario realizado por videoconferencia y confiscó sus bienes.

La Policía detuvo al capitán retirado Aníbal Rivas Reed tres días después, durante la misma operación, y un tribunal lo condenó a 50 años. El gobierno trasladó a Rivas Reed a arresto domiciliario en febrero de 2026, donde permanece bajo vigilancia policial. Los gobiernos que se sienten seguros no encarcelan a generales retirados que contribuyeron a construir la institución contra la cual se les acusa de conspirar.

Esa inquietud atraviesa el sistema de ascensos, que hace tiempo dejó de funcionar como una escala profesional y ahora opera como mecanismo de control. Avilés tiene 68 años y dirige el Ejército desde 2010 —más tiempo que cualquier otro oficial en la historia de la institución—, mientras que el jefe del Estado Mayor y el inspector general permanecen en sus puestos aproximadamente desde 2017. Ortega ha ascendido a 43 generales de brigada desde su regreso al poder, 27 de los cuales permanecen en servicio activo, produciendo lo que analistas nicaragüenses denominan un “tapón institucional”.

El Ejército nicaragüense amplió los periodos de retiro y prolongó la propia carrera militar, presentando ambas medidas en su informe quinquenal como un mejor aprovechamiento de los recursos humanos profesionales. Sin embargo, solo nueve oficiales alcanzaron el grado de general de brigada entre 2015 y 2020. En 2021 fue apenas uno, frente a 262 ascensos en total.

Los coroneles atrapados detrás de ese cuello de botella ingresaron durante el proceso de profesionalización de la década de 1990 y fueron formados bajo una doctrina de subordinación a una autoridad civil electa. Han pasado una década observando cómo la escala de ascensos permanece inmóvil. También pertenecen a la generación que conduciría al Ejército durante una sucesión del régimen, y no son muchos. El cuerpo de oficiales cuenta con alrededor de 1,885 miembros, y únicamente 35 completaron el curso superior de mando y Estado Mayor para tenientes coroneles entre 2015 y 2020.

El chavismo, el movimiento construido por Hugo Chávez y heredado por Nicolás Maduro, resolvió el mismo problema de manera opuesta: los ascensos políticos inflaron la cúpula del cuerpo de oficiales venezolano hasta que el país llegó a contar con más de 2,000 generales y almirantes activos y retirados, un estrato superior suficientemente grande como para contener facciones con peso propio. Nicaragua compró la misma lealtad reteniendo los ascensos, lo que dejó un grupo de coroneles más pequeño y mucho más dependiente.

Nadie fuera de la institución puede afirmar qué piensa ese grupo, porque los oficiales que hablaron públicamente están muertos o desaparecidos. Roberto Samcam, un mayor retirado que pasó años documentando el papel del Ejército en 2018, recibió ocho disparos en su apartamento de San José en junio de 2025, y los fiscales costarricenses investigan si la inteligencia militar nicaragüense organizó el ataque. Policías vestidos de civil se llevaron al coronel Víctor Boitano de su casa en Managua en abril de 2024, y desde entonces su familia no ha tenido noticias de él. El Ejército lo había retirado en 2007 y posteriormente publicó libros críticos con el Frente Sandinista de Liberación Nacional.

La posibilidad de represalias limita la capacidad de Washington para relacionarse directamente con oficiales en servicio activo. Sin embargo, la participación continuada en encuentros multilaterales, como la Conferencia de las Fuerzas Armadas Centroamericanas, o los contactos a través de canales militares de terceros países proporcionan vías para un diálogo militar informal.

Daniel Ortega construyó la lealtad de las fuerzas armadas, y está lejos de ser seguro que esa lealtad se transfiera a su esposa o a sus sucesores. Rosario Murillo ejerció un control directo y personal sobre la Policía Nacional de Nicaragua, mientras que el Ejército permaneció bajo Avilés, con Ortega como interlocutor político. Las reformas de 2025 colocaron formalmente a Murillo al mando conjunto de una institución cuya obediencia nunca tuvo que ganarse, y determinar si esa obediencia sobrevivirá a su esposo constituye la principal incógnita de las relaciones cívico-militares nicaragüenses.

La Constitución reformada establece que, si uno de los copresidentes muere, el otro asume la Presidencia durante el resto del mandato, convirtiendo a Rosario Murillo en la heredera legal. Detrás de ella se encuentra su hijo, Laureano Ortega Murillo, quien cuenta con al menos 27 nombramientos con facultades plenipotenciarias y gestiona las relaciones con Moscú y Beijing. Lo que el texto constitucional no puede resolver es la respuesta del Ejército. En la Plaza La Fe, el 21 de febrero de 2025, Murillo leyó el acuerdo mediante el cual se nombraba al comandante en jefe y Ortega entregó el bastón de mando a Avilés: ella formalizó el nombramiento y él aportó la autoridad que lo respaldaba.

Por qué esto no es Venezuela

¿Podría trasladarse a Managua lo que funcionó en Caracas? La respuesta es no. Como Pérez argumentó en estas páginas el pasado noviembre, remover a un gobernante es la parte más sencilla de un cambio de régimen. Venezuela ofrecía condiciones que Nicaragua no posee: petróleo, que proporcionaba a Washington tanto un incentivo como una herramienta de presión; un cuerpo de oficiales suficientemente grande para contener facciones con peso independiente; una sucesora constitucional y oportunista en Delcy Rodríguez, controvertida entre gobiernos aliados pero todavía capaz de mantener unido al Estado; y un año de despliegue de fuerzas estadounidenses previo a la operación. A pesar de estos recursos, el resultado hasta ahora ha sido un autoritarismo administrado en lugar de una transición democrática.

El Ejército de Nicaragua cuenta con alrededor de 14,500 efectivos bajo un mando unificado, sin rivalidades entre ramas que puedan explotarse y sin un sucesor con peso institucional fuera de la familia, puesto que esta ha pasado una década apartando a cualquiera que pudiera desafiarla. Gran parte de la oposición organizada se encuentra en el exilio. Si Ortega y Murillo abandonaran el poder mañana por la mañana, alguien tendría que sostener el Estado esa misma tarde. Ese alguien probablemente sería el Ejército, independientemente de lo que Washington piense de los oficiales que actualmente están al mando.

Lo que Washington puede hacer

La cooperación en materia de seguridad con Nicaragua terminó hace años. Las autoridades del Título 10 que financian ejercicios, fortalecimiento institucional y capacitación están cerradas para Managua y requerirían una exención o una estrategia reestructurada para reabrirse, razón por la cual Washington considera terminada esa relación. El contacto es otra cuestión, y nunca se interrumpió.

En marzo de 2026, oficiales nicaragüenses se sentaron en Lima junto a otras 19 delegaciones, incluida la de Estados Unidos, para preparar la Conferencia de Ministros de Defensa de las Américas, en una sala en la que también se encontraba el Centro William J. Perry de Estudios Hemisféricos de Defensa del Departamento de Defensa. Estados Unidos dirigirá el siguiente ciclo, en 2027 y 2028, lo que mantendrá a los oficiales nicaragüenses dentro de un proceso liderado por Estados Unidos durante otros dos años.

El general de brigada Efrén Alejandro Marín Serrano, jefe de la Fuerza Aérea y Defensa Antiaérea, pasó cinco días en Punta Cana en junio de 2026 durante la conferencia de jefes de fuerzas aéreas americanas, donde Estados Unidos participó junto con otras 18 fuerzas aéreas y la Academia Interamericana de las Fuerzas Aéreas, con sede en la Base Conjunta San Antonio-Lackland, asistió como observadora.

El jefe de Estado Mayor de la Fuerza Naval, capitán Omar Elí Hernández Valverde, participó en agosto en el Juego de Guerra Interamericano celebrado en Río de Janeiro, junto con oficiales de otras 14 armadas, incluida la Marina de Estados Unidos. El decreto presidencial semestral que autoriza el ingreso de personal militar extranjero al país continúa mencionando a Estados Unidos, aun cuando ningún miembro de las fuerzas estadounidenses se despliega al amparo de este, mientras que Rusia mantiene acceso autorizado a unidades de élite y aguas nicaragüenses. Los oficiales nicaragüenses continúan entrando en espacios donde también se encuentran oficiales estadounidenses y de países socios, y es precisamente en esos espacios donde podría comenzar discretamente una conversación sobre la Nicaragua posterior a Ortega.

En 2021, el teniente coronel Roger Carvajal Santamaría dijo a Avilés que las fuerzas armadas eran responsables de buena parte del crecimiento y la estabilidad del país. El Departamento de Estado se deslindó de esas declaraciones pocos días después y el gobierno estadounidense removió a Carvajal Santamaría del cargo. Otorgar legitimidad al actual liderazgo militar no sirve a ningún interés estadounidense y le costaría a Washington la credibilidad que aún conserva entre la oposición nicaragüense. Sin embargo, las declaraciones del agregado sugieren que la institución decisiva en una futura transición serían las fuerzas armadas. Por ello, mantener contactos discretos sirve a los intereses estadounidenses de largo plazo.

Sean cuales sean los recursos que los demás socios de Managua suministran, cada año proporcionan más. Avilés pasó septiembre de 2025 en Beijing y Moscú, donde se reunió con el ministro de Defensa ruso y expresó públicamente su admiración por las fuerzas que, según sus propias palabras, han garantizado la seguridad de Rusia desde la invasión de Ucrania. De ese viaje surgió un acuerdo marco de cooperación militar, ratificado por el Consejo de la Federación en abril de 2026, que contempla entrenamiento conjunto, intercambio de inteligencia, cooperación en guerra electrónica y protección especial para el personal ruso frente a la jurisdicción nicaragüense.

Asesores rusos trabajan en Nicaragua bajo el mismo decreto semestral que todavía menciona a Estados Unidos, y la escuela de desminado situada a las afueras de Managua, que capacita a especialistas de otros cuatro ejércitos centroamericanos, lleva el nombre de Amistad Nicaragua-Rusia. China mantiene un tratado de libre comercio vigente desde 2024, además de concesiones mineras negociadas por Laurentino Ortega Murillo, hijo del presidente, y una relación de suministro de equipos con la empresa de defensa china Poly Technologies.

El activo que le queda a Washington es una relación que un oficial podría esperar que sobreviva al gobierno Ortega-Murillo. Estados Unidos debería declarar públicamente qué tendría que hacer el Ejército de Nicaragua para restablecer una relación militar normal con Washington, y las condiciones deberían centrarse en su función profesional: rendición de cuentas de los oficiales identificados por Naciones Unidas, un sistema funcional de ascensos y retiros y una institución separada de los activos comerciales del régimen. Una declaración pública en esos términos no alienta ningún golpe ni promete inmunidad. Comunica a un cuerpo de aproximadamente 1,900 oficiales que su relación con Estados Unidos después del gobierno Ortega-Murillo dependerá de decisiones que aún están por tomarse.

Que ese mensaje llegue o no a los coroneles depende del canal, y el más útil es la Conferencia de las Fuerzas Armadas Centroamericanas. Nicaragua continúa siendo miembro activo y sus oficiales pasan semanas cada año en aulas de Honduras y República Dominicana estudiando materias tan apolíticas como operaciones de montaña y desminado humanitario. Una posición declarada públicamente por Estados Unidos y reiterada en privado ante las instituciones de defensa de la región llegará más lejos que cualquier acercamiento realizado directamente en Managua.

Las sanciones solo alcanzan eficazmente a este cuerpo de oficiales cuando distinguen entre los oficiales individuales y el Ejército como institución. Confundir ambos niveles le cuesta influencia a Washington. Un coronel situado por debajo de la actual cúpula debería comprender que sus propias decisiones determinarán si las sanciones lo alcanzan. Un gobierno convencido de que las sanciones son irrelevantes no concedería a su autoridad electoral la facultad de disolver cualquier partido que las promueva, ni anularía mediante una reforma constitucional las decisiones extranjeras. Ambas disposiciones fueron incorporadas al texto durante las semanas posteriores a que Avilés comprometiera el respaldo del Ejército. La vía hemisférica no transmitirá esa presión. Nicaragua abandonó la Organización de los Estados Americanos en 2023 y la reforma del artículo 12 invalida cualquier decisión que adopten los cancilleres, de modo que la presión multilateral eleva los costos para el gobierno sin llegar al cuerpo de oficiales.

Ni la declaración pública de condiciones ni la distinción que establecen las sanciones dependen de saber cuándo Ortega y Murillo dejarán el poder. Ortega tiene 80 años. La reforma establece un periodo de siete años para quien ocupe el cargo después de él, vincula a ese periodo a las jefaturas del Ejército y de la Policía y cierra las vías legales mediante las cuales un adversario podría impugnarlo. Así luce un plan de sucesión cuando sus autores han dejado de preocuparse por disimularlo. Estados Unidos no puede dictar el momento ni la forma de esa sucesión. Sin embargo, puede establecer las condiciones que permitirían a un gobierno posterior a Ortega y Murillo restablecer una relación de defensa entre Estados Unidos y Nicaragua y acceder a los beneficios derivados de ella. En última instancia, los oficiales decidirán si mantienen una postura dependiente de Rusia y situada fuera del orden hemisférico o si regresan a un sistema construido sobre normas democráticas. Por el momento, no tienen otra referencia que la primera opción.

Este artículo fue publicado originalmente en inglés en War on the Rocks. Expediente Abierto publica esta traducción al español con autorización de sus autores.